jueves, marzo 30, 2006

El rol de las organizaciones territoriales urbanas en la construcción de la democracia participativa y protagónica

El rol de las organizaciones territoriales urbanas en la construcción de la democracia participativa y protagónica

Ponencia a cargo de Ángel Borello –
Coordinador General del Comedor Los Pibes de la Boca

Como parte integrante de una organización comunitaria de base territorial, mi intervención tiene como referencia, la experiencia acumulada en años de participación concreta en el proceso de construcción colectiva de una herramienta que nos permitiera enfrentar el modelo de exclusión genocida pergeñado por las usinas de políticas económicas neoliberales.

¿Por qué planteamos la importancia de este nuevo actor social que son las Organizaciones Territoriales Urbanas? En la actualidad, entendemos que el modelo de democracia representativa, hasta ahora conocido, se encuentra agotado porque no ha podido cumplir su promesa de dar respuesta a las demandas de las mayorías populares, entrampado como está en una red de intereses heredada de administraciones anteriores, y ante la cual se ha demostrado incapaz para desmantelarla.

Si bien el origen de estas organizaciones puede remitirse al “proceso de desindustrialización con el consiguiente deterioro de las condiciones de vida de las clases populares y pauperización de las clases medias bajas que arrancó a mediados de la década del ´70 provocando las tomas ilegales de tierras que se desarrollaron a fines de la dictadura militar y los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín”…(M. Svampa; p 39: 2004), el rol que estas organizaciones pueden cumplir hoy en la construcción de sociedad es un papel mucho más importante y más destacado que en los últimos 30 o 40 años. Con esto queremos expresar que cualquier proyecto de reorganización administrativa y descentralización, debe contemplar figuras o herramientas que promuevan y garanticen la participación activa, no del ciudadano como individuo aislado, tal como fue la lógica de construcción mantenida hasta ahora, sino de estas organizaciones que son portadoras de una historia de trabajo colectivo que privilegia las formas cooperativas y asociativistas, es decir, pedimos que se reconozca y valore el aporte de una experiencia de prácticas organizativas que han ido modelando un nuevo sujeto.
Este nuevo actor social y político surge de la necesidad de dar respuesta inmediata a las carencias básicas de techo y alimento, y en el proceso de resistencia al neoliberalismo fue madurando, alcanzando mayores niveles de desarrollo práctico y teórico, incorporando una nueva dimensión de comprensión política, de la política entendida como lucha por recuperar espacios vitales y derechos básicos como vivienda, salud, educación, recuperar en fin, la calidad de ciudadanos que fuera enajenada por el sistema económico más injusto que haya conocido la historia de nuestro país.

Hablamos de sistema económico, de neoliberalismo, de exclusión; estas palabras encuentran su sentido completo cuando podemos ubicarlas en el contexto más amplio de ese proceso complejo que se conoce como “globalización” del cual el neoliberalismo es la herramienta económica. Según dice Néstor García Canclini: [a la globalización] “…se la concibe como expansión de los mercados…[sin embargo] se estrecha la capacidad de acción de los Estados Nacionales, los partidos, los sindicatos, y en general los actores políticos clásicos. Produce mayor intercambio transnacional y deja tambaleando las certezas que daba el pertenecer a una nación…engendra inestabilidad en el trabajo y perturbaciones subjetivas…Se produce crisis de credibilidad en la política y en los partidos políticos [por los casos de corrupción] y su reemplazo por los medios de comunicación y los tecnócratas. [Por la transnacionalización de la economía] “Los gobiernos nacionales son reducidos a administradores de decisiones ajenas…Este vaciamiento simbólico y material de los proyectos nacionales desalienta el interés por participar en la vida pública” (N. García Canclini; pp 56 – 57:1999). La transcripción de la cita es extensa pero entendemos que ofrece una idea muy clara del escenario “globalizador” con el que nos enfrentamos. Sin embargo, a esta descripción deberíamos agregar que en el caso particular de la Argentina, a partir del año 1995 se acelera el declive económico y comienza la desocupación masiva, llegándose a registrar niveles de desempleo que han alcanzado su más alto índice histórico: según informe del INDEC a julio de 2002, la desocupación llegaba al 21,5 % (La Nación; 26/7/002).

La incapacidad para resolver la crisis económica, la difusión de casos de corrupción y negociados en los que participaron parte de la clase política y empresarial, así como la defección de los dirigentes sindicales que, traicionando el mandato de sus bases, se transforman ellos mismos en empresarios, la modificación de la legislación laboral por lo que eufemísticamente se llamó “flexibilización laboral” y sirvió a la causa del disciplinamiento de la masa trabajadora vía despidos masivos, la enajenación del patrimonio nacional con las privatizaciones, todo esto unido a la insensibilidad mostrada por la clase dominante en su conjunto respecto al problema de la exclusión a la que fueron arrojados los sectores populares, provocó una profunda crisis de representación. Los partidos políticos, los tradicionales y los mayoritarios, aún aquellos que tienen en su discurso un contenido popular, entran en crisis, dejan de ser la herramienta que le daba horizonte a las peleas reivindicativas, dejan de ser creíbles, se vacían de contenido, se partidocratizan, entendiendo como partidocratización la cooptación por la política del bloque dominante para sus objetivos, terminan siendo funcionales a la aplicación de un modelo de dominación. Entra en crisis también el modelo de dirigente y el modelo de participación aceptado por esa dirigencia que adopta una forma verticalista y desoye el reclamo de participación de las bases.

El neoliberalismo, entonces, como sistema económico, es el instrumento de un nuevo modelo de dominación, que trastoca el sujeto pueblo tal como se lo entendía tradicionalmente, como el conjunto de la clase trabajadora y provoca la emergencia de un nuevo actor social y político que son las organizaciones comunitarias, barriales, sociales; distintas maneras de calificar todo un universo que reconoce un hilo conductor en la historia, pero que también muestra puntos de ruptura porque aún aquellas que puedan parecer herramientas viejas, como un centro cultural, en su dinámica, en el curso de su desarrollo, vemos que la participación popular, respondiendo a diferentes contextos, las transforma. Aunque conserven el nombre, en la actualidad están integradas por los nuevos sectores que conforman ese sujeto pueblo. Vaya aquí una aclaración: cuando decimos “sujeto pueblo”, nos referimos a una categoría que trasciende totalmente el concepto de “clase”; estamos hablando de todo el bloque popular. El movimiento obrero organizado, los trabajadores (formales e informales), los desocupados, son una parte del sujeto pueblo. En lo que entendemos como “bloque popular” se integra también una pequeña burguesía que coincide con los intereses nacionales y populares; nos referimos a un universo, que, como un mosaico de grupos diversos desborda la interpretación marxista ortodoxa de clase social, definida por su posición en una estructura económica determinada.

La aplicación de este nuevo modelo de dominación que utiliza la fragmentación y la ruptura del tejido social como una de sus herramientas, provoca una reinterpretación del sujeto pueblo. Uno de los líderes que rompe con la ortodoxia y el dogmatismo para definir a este sujeto pueblo es Fidel, cuando en su defensa del Moncada convoca a los trabajadores, los educadores, los profesionales, en una respuesta a los desafíos planteados por su realidad concreta. Creemos que nosotros, tendríamos que poder describir adecuadamente nuestra realidad y actuar, según los desafíos que nos presenta. Es por eso que reconocemos en el conjunto de las Organizaciones Territoriales Urbanas una potencialidad de transformación social gestada a lo largo de su trayecto histórico. Nacidas para satisfacer las necesidades más urgentes, en su práctica cotidiana, aprenden a desplegar estrategias de lucha en la demanda de cumplimento de los derechos más básicos. En este proceso de diálogo o enfrentamiento, según el caso, con autoridades, instituciones, organismos de derechos humanos, se va produciendo una maduración de su capacidad organizativa, paralelamente a un crecimiento de la conciencia, porque, desde la práctica concreta se va definiendo al enemigo y comprendiendo que la causa de sus padeceres no tienen un origen divino, sino que responden a una política injusta en una sociedad injusta. Es decir que la resolución de sus problemas se discute en el nivel de la política. Para esto hubo que aprender también cómo se construye un bloque de alianzas en base a intereses comunes.

Pero estas organizaciones no crecen aisladas; en su derrotero, van abrevando de las mejores experiencias en la historia del movimiento de masas, de las experiencias que van apareciendo en el seno del movimiento popular; a veces, muchas de ellas con cierto grado de espontaneísmo; aunque indagando encontramos que muchos de sus actores tienen una experiencia anterior militante. Pero lo que no aparece es un hilo conductor político orgánico que le de direccionalidad. Donde puede leerse algún tipo de continuidad con las luchas de etapas anteriores es que se han ido copiando metodologías: las tomas de tierras en los ´80, las ocupaciones de casas en la lucha por la vivienda digna, las marchas del silencio, las ollas populares. Todos fenómenos que fueron apareciendo en algunos momentos sin tener un movimiento orgánico político detrás que condujera ese fenómeno. En realidad, lo que sucedía, es que los partidos políticos acudían después, intentando montarse sobre el éxito de una movilización o de un reclamo.

Creemos que en los últimos 20 años convergen distintos vectores, distintas situaciones que terminan de dibujar este nuevo sujeto político. No estamos invalidando a los actores políticos tradicionales. Sino que creemos que es nuevo por su dimensión y por representar un universo real, aunque anónimo. En cada barrio hay varias organizaciones que a veces no logran sortear el anonimato, pero nosotros creemos que en su conjunto, se han convertido en la fuerza motriz principal del cambio. No obstante que en el último tiempo empieza a haber más trabajo (dicho esto con todas las salvedades que implicaría discutir detalladamente la coyuntura), y aun cuando muchas de las personas que participan de estas organizaciones, encuentran un trabajo efectivo o temporal, lejos de alejarse de la organización, la siguen sosteniendo como el continente al que remiten, siguen tributando su pertenencia a la organización territorial.

Es que en su existencia estas organizaciones no persiguen solamente objetivos materiales, no se han quedado en resolver las cuestiones meramente reivindicativas o inmediatas. Estas organizaciones han ido evolucionando y ocupan un espacio particular en el imaginario simbólico de gran parte de la población.

En un principio marcábamos la importancia de lo territorial, como soporte de la vida material, la fuente de la subsistencia. Pero el territorio, y las organizaciones que en él se asientan cumplen también la función de contribuir a la constitución de identidades integradoras como práctica de resistencia (aunque no sea en forma totalmente consciente) a la fragmentación impuesta por el modelo económico de dominación:”…la gente se resiste al proceso de individualización y atomización social, y tiende a agruparse en organizaciones territoriales que, con el tiempo generan un sentimiento de pertenencia y, en última instancia, en muchos casos una identidad cultural y comunal” (M. Castells; p 83: 1997). Una organización territorial hoy, incide, no sólo en el perímetro chiquito de su territorio, sino, también incide, y mucho, en el proceso nacional. Hoy hay una relación entre la construcción del poder local, el proceso nacional que está viviendo nuestro país y el proceso regional entendiendo esto como la construcción de la Patria Grande a nivel del subcontinente latinoamericano.

Los territorios tienen su personalidad, su historia, su tradición, sus identidades, y por lo tanto son la sumatoria, el enriquecimiento a partir de la diversidad: son esto que a veces dice el subcomandante Marcos: “un mundo donde quepan muchos mundos”, por lo tanto los territorios no pierden, al contrario, generan una fuerte dependencia y un fuerte arraigo a los valores de su terruño. Pero, esto entendido no desde una vena chauvinista: …”y entonces mi barrio termina …y mi único continente es mi barrio…” Sino que la acción de estos movimientos trasciende y rompe con un elemento histórico que antes tenía lo barrial, que se quedaba en el límite de su territorio y competían con el otro y generaban: “a ver, bueno…Boca vs Barracas o Boedo o Parque Patricios. Lo que se postula desde estos nuevos movimientos es una complementación. El territorio tiene un valor simbólico y de construcción muy importante, pero sobre todo tiene que ver con una identidad mucho más abarcadora que es la sumatoria de las diversidades. Esto rompe con la construcción de las identidades barriales que actuaban en forma centrípeta, con una lógica de construcción esencialista y terminaban aislándose y metiéndose para adentro. Lejos de este modelo, los movimientos territoriales actuales, trascienden lo nacional.

Tomando como ejemplo la experiencia que nosotros estamos construyendo con la Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos, a partir de tomar en cuenta las similitudes (entendiendo las similitudes no como copias mecánicas o traslaciones mecánicas de realidades) de nuestra conformación histórica: somos producto de la colonización europea y la imposición de modelos económicos de expoliación, por lo tanto, además del mismo objetivo de emancipación del capital extranjero, nos une el proyecto de lograr la integración de la Patria Grande que soñaron nuestros libertadores José de San Martín y Simón Bolívar, podríamos decir que estamos construyendo un continente nuevo.

Esto también es una ruptura con una lectura tradicional que tuvo el movimiento territorial anterior. A esta concepción de territorio lo atraviesa un contenido popular. Ideológicamente popular. La Patria no es lo mismo para un nazifascista, que considera la Patria, el Territorio, la Bandera, como categorías reificadas que trascienden al hombre y por las cuales deberíamos sacrificarnos para que una clase dominante usufructúe los beneficios de nuestro sacrificio. En la interpretación de Patria y de Territorio de contenido popular, la Patria es nuestra gente, nuestro pueblo, tiene que ver con en el arraigo a un paisaje, a una geografía, que al ser parte de nuestro entorno de formación, está cargada simbólicamente con el proceso de nuestro crecimiento, es la Pachamama dadora de vida, es la tierra que nos provee el sustento y en la cual desplegamos nuestra capacidad creadora para sentirnos humanos, constructores de nuestra historia, es, en fin, el espacio humano donde nacen, viven y trabajan nuestros hijos, hermanos y compañeros; es decir, llamamos a una resignificación de “lo territorial” como fundamento básico y espacio simbólico de nuestra vida.

Decimos que las Organizaciones Territoriales Urbanas constituyen un sujeto nuevo porque presentan características propias que las diferencian de los viejos movimientos sociales:
1) Hacen hincapié en la construcción territorial (que las define como modalidad)
2) Responden a un modelo de construcción integrador, en el que se reconoce y se acepta la diversidad cultural que es propia de cada barrio, “la unidad en la diversidad”;
3) En su mayoría mantienen un funcionamiento autónomo respecto de sindicatos y partidos políticos tradicionales.
4) En el funcionamiento de dichas instituciones se privilegian las formas asociativas con participación en la toma de decisiones. Por estos motivos, las organizaciones territoriales permiten confrontar la falacia liberal sobre la “libertad” del individuo autónomo, librado a sus propias fuerzas en un mercado globalizado, oponiéndole la fuerza de la organización colectiva en pos de objetivos compartidos.

Por todo lo expuesto planteamos: la necesidad imperiosa de construir una democracia participativa y protagónica en la que es indispensable que confluyan todos los actores sociales. Creemos que en el proceso de reglamentación de la Ley de Comunas, tienen que participar las instituciones del pueblo organizado para garantizar el efectivo ejercicio de una democracia con participación popular. Si bien la creación de los Consejos Consultivos fue un paso en la dirección correcta, tiene la limitación de que no tiene poder concreto en la toma de decisiones, por lo tanto, planteamos que este instrumento tiene que permitir el ejercicio concreto del control y el diseño de políticas públicas.

Ante el agotamiento de la democracia representativa que terminó siendo funcional a la política neoliberal en los últimos 25 años, proponemos que hay que marchar a un proceso de profundización que implica la construcción de una democracia participativa con protagonismo popular. Al decir del comandante Hugo Chavez, hablaríamos de una democracia revolucionaria. Una democracia que realmente defienda los intereses populares, nacionales, que sea de verdad un ejercicio concreto de la participación y del protagonismo. Que lo promueva, no que sólo lo enuncie. Para esto tiene que haber participación real de los diferentes actores. Nosotros, que somos parte de ese sujeto que son las Organizaciones Territoriales Urbanas, reclamamos nuestro derecho a debatir y participar en el diseño del territorio que habitamos, pero, por supuesto que extendemos nuestro reclamo al derecho de participación de todos los actores sociales y esto se garantiza en la elaboración concreta de instrumentos institucionales que permitan el ejercicio de una democracia participativa real, y no, como se ha estado desarrollando hasta el momento, donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comportó como un sistema institucional corporativo que actuó a la defensiva contra estos nuevos actores al sentirse cuestionados en el ejercicio de su poder, convirtiéndose en una democracia formal: una vez que nos han delegado el poder por el voto, los que legislamos somos nosotros, los que reglamentamos somos nosotros.

Las Organizaciones Territoriales Urbanas tenemos experiencia en el ejercicio de una democracia directa, real, ya que día a día, en las Asambleas, revalidamos la vigencia de nuestros referentes y la obstinación en la realización de nuestro proyecto de una sociedad con justicia social y un futuro mejor para todos.














BIBLIOGRAFRÍA

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Vol. 2 El Poder de la Identidad. Alianza Editorial -1997

GARCÍA CANCLINI, Néstor Globalizarnos o defender la identidad – Revista Nueva Sociedad – septiembre – octubre 1999

ISMAN, Raúl Los Piquetes de la Matanza – De la aparición del movimiento social a la construcción de la unidad popular – Ediciones Nuevos Tiempos – Foros de la Boca 2004

SVAMPA, Maristella y PEREYRA, Sebastián Entre la Ruta y el Barrio – La experiencia de las organizaciones piqueteras- Editorial Biblos – 2º Edición corregida y actualizada - 2004

El gobierno de la seguridad. ¿De qué participación comunitaria hablamos?*

El gobierno de la seguridad. ¿De qué participación comunitaria hablamos?*

Lucía Dammert Investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile
Tiempo aproximado de lectura: 9 minutos1.

IntroducciónLa participación comunitaria en prevención del delito ha tomado un lugar central en las políticas públicas de seguridad en América Latina. Esta situación se presenta principalmente por la fuerte tendencia de crecimiento de los delitos denunciados, la violencia utilizada en ellos, el temor ciudadano, y la aparente dificultad gubernamental para enfrentar dichas problemáticas. En este sentido, las políticas de participación buscan concitar apoyo ciudadano e incrementar la legitimidad de las instituciones encargadas del control y de la prevención de la criminalidad. En este contexto se han replanteado los pilares de las políticas públicas dirigidas a reducir el delito, los que por cierto incluyen la relación entre la policía y la comunidad. En este contexto, la comunidad ha adquirido un mayor papel en las políticas dirigidas a disminuir la violencia y la criminalidad. Como consecuencia de ello, se presenta en el plano discursivo un cambio del paradigma de la seguridad pública, hacia la seguridad democrática o seguridad ciudadana, lo que en la práctica se ha traducido en la búsqueda de mayor participación comunitaria en las políticas de seguridad y de mejorar la relación con la policía. Naturalmente la seriedad de estos esfuerzos presenta diversos matices nacionales. En algunos casos, la importancia de la participación ha quedado en la retórica de políticos y administradores públicos, mientras que en otros se han formulado estrategias de participación que efectivamente buscan involucrar a la población. En este contexto las políticas de participación tienen tres objetivos específicos: en primer lugar, mejorar la muchas veces deteriorada relación entre la comunidad y la policía, con la esperanza de consolidar un lazo de trabajo común donde la comunidad participe en la prevención de la criminalidad y respalde el accionar policial. En segundo lugar, se pretende fortalecer las redes sociales existentes bajo la presunción que esto permitirá el desarrollo y consolidación del capital social1 local y a su vez esto se convertiría en una estrategia central de prevención de la violencia. Finalmente, estas políticas tienden a consolidar el proceso de descentralización, que otorga a los municipios un rol cada vez más activo en la formulación e implementación de dichas estrategias. En este artículo se analiza el rol público en la definición de nuevas estrategias frente a la inseguridad basadas específicamente en la participación comunitaria2 en la región, así como los desafíos que se generan en la implementación de las mismas. 2. Conceptos, temas y problemas de la participación comunitariaEn las últimas décadas se ha evidenciado un notable cambio en la forma como se aborda la prevención del delito en el mundo. Es así como en la actualidad el control del delito no es visto como una tarea única y exclusiva de las instituciones públicas destinadas a ello sino más bien se ha convertido en una tarea más difusa y fragmentada en manos de diversas instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y la comunidad en general. De esta manera, la responsabilidad del problema del crimen se ha trasladado de la esfera gubernamental a la pública. En el centro de este cambio de paradigma Crawford (1997) encuentra tres conceptos sobre los que las principales políticas públicas han sido construidas: prevención, comunidad y asociación. Estos conceptos son también centrales en la definición de las políticas de seguridad en América Latina y a pesar de su importancia carecen de una definición conceptual clara lo que permite su utilización en estrategias diversas que involucran perspectivas sociales e ideológicas distintas. A continuación se presenta un breve debate sobre las características principales de estos conceptos en políticas públicas de prevención del delito. En primer lugar la prevención definida como “las políticas, medidas y técnicas, fuera de los límites de sistema de justicia penal, dirigidas a la reducción de las diversas clases de daños producidos por actos definidos por el Estado” (Van Dijk, 1990) se ha consolidado como una estrategia eficaz y eficiente en la disminución del delito. El reconocimiento de la importancia de la prevención ha ido de la mano con el desarrollo de interpretaciones de la criminalidad que ponen énfasis en los factores de riesgo (Dammert 2001; De Roux, 1994; Crawford, 1997). De esta manera, las medidas que buscan prevenir el incremento de dichos factores (por ejemplo consumo de alcohol y porte de armas) son consideradas centrales en la disminución no sólo de los delitos sino también de la sensación de inseguridad ciudadana. En segundo término el concepto de comunidad se ha convertido en uno de los más utilizados en política pública. Especialmente en el área de la prevención del delito el interés por la comunidad se puede explicar a partir de las diversas posturas que explican la relación entre delito y comunidad. Así por ejemplo la consolidación de la comunidad es vista como un proceso ligado a la disminución del delito y de las oportunidades para cometer delitos, a la defensa frente a los extraños o a la formación de un espacio social homogéneo y por ende seguro. A pesar de la amplitud de su conceptualización, no se puede desdeñar su importancia y centralidad en las políticas públicas así como su profunda vinculación con la prevención del delito. Finalmente la asociación se presenta como una estrategia de acción necesaria para poder enfrentar el delito. La literatura pone énfasis en la formación de asociaciones entre diversas agencias estatales (Crawford, 1997) y las funciones que esta asociación puede tener así como sus consecuencias sobre el delito. Además, es también relevante analizar la asociación entre la comunidad y los organismos públicos en la búsqueda de mejoras al problema delictual, de esta forma se involucra directamente a la comunidad en el diseño y desarrollo de las iniciativas preventivas. Este llamado a la participación de la comunidad en tareas de prevención y en la formación de asociaciones de trabajo se ha hecho especialmente evidente en dos estrategias gubernamentales: reforma policial y consolidación de espacios de participación comunitaria. 2. 1 Reforma policial y policía comunitaria: características de un proceso complejoLa policía comunitaria es una de las estrategias de cambio policial que se ha implementado mayoritariamente en el mundo con el claro objetivo de “responder a los abusos de poder, falta de efectividad, pobre confianza pública y dudas sobre la legitimidad de la policía” (Crawford, 1997). Específicamente los programas de policía comunitaria de distinguen por tres características principales: vigilancia a pie y la definición de personal dedicado a determinadas áreas geográficas; el desarrollo de asociaciones en la prevención del delito y el desarrollo de mecanismos de consulta ciudadana sobre los problemas locales más importantes (Trojanowicz y Bucqueroux, 1998; Goldstein, 1998).Esta amplia caracterización de la policía comunitaria ha generado que programas de diversa índole se implementen bajo el mismo rotulo. De esta manera, nos encontramos con experiencias que se ubican en un extremo caracterizado por la generación de un cambio brusco y rápido, como la reforma de la Policía de Buenos Aires, que generó controversias y resistencias internas a los cambios propuestos. En el otro extremo están los casos donde, por diversos motivos entre los que sobresalen la inercia, la falta de comprensión de sus principios básicos y la reacción institucional frente a los cambios, se adopta la retórica de la policía comunitaria sin generar ningún cambio significativo (Trojanowicz y Bucqueroux, 1998). De esta manera, es evidente que el término policía comunitaria ha perdido su contenido inicial y se ha convertido en una categoría de un valor principalmente simbólico.Específicamente en América Latina a partir de la década de 1980, empezó un debate general sobre el papel de la policía y de la comunidad en la prevención de la criminalidad. El retorno a la democracia en países como Argentina, Brasil y Chile puso de manifiesto la necesidad de que las policías experimentaran transformaciones que les permitieran insertarse en dicho régimen político (Frühling, 2001; Oliveira y Tiscornia, 1998). La necesidad de reforma se hizo más evidente debido a la evidencia de un accionar corrupto y violento de miembros de la institución policial, especialmente en Argentina y Brasil, que no sólo involucraban cobros indebidos por parte de los agentes policiales, sino también la comisión de otros delitos. Asimismo, el incremento de la criminalidad y de la sensación de inseguridad generó una reflexión sobre la necesidad de incrementar la eficacia policial. Ante las demandas ciudadanas, las instituciones policiales han puesto como principal tema la carencia de infraestructura y personal necesario para controlar la delincuencia. Sin embargo, la última década muestra un alza de la inversión pública en la infraestructura policial en prácticamente todos los países de la región. Así por ejemplo, en el período 1990-96 el aporte fiscal a Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile creció en un 93.3% (Oviedo, 2000), de igual manera el gasto total de la Policía Federal Argentina paso de 488 millones de dólares en el año 1993 a 734 millones en el año 20003. Esta situación ha puesto en claro la necesidad de procesos de reforma de la policía que en algunos casos toma el nombre de policía comunitaria. En estos procesos se puede identificar la presencia de las tres características principales de la policía comunitaria analizadas anteriormente. Específicamente se puede evidenciar la presencia de un claro discurso dirigido hacia la consolidación de la prevención como estrategia central del accionar policial, la intensificación de la participación comunitaria, la centralidad de su rol en la disminución del delito y la sensación de inseguridad; y la conformación de asociaciones entre la policía y la comunidad. 2.2 Participación comunitaria en prevenciónLa participación comunitaria en temas de seguridad está ligada a dos tipos de iniciativas. En primer lugar, la que nace por una iniciativa del gobierno y la institución policial, que buscan acercarse a la población como una estrategia para mejorar su imagen así como para establecer ámbitos de cooperación en la prevención del delito. Un ejemplo de este tipo de organización son los Comités de Protección Ciudadana de Chile, que se desarrollaron a partir de una política expresa de creación de espacios comunitarios de evaluación, propuesta e implementación de programas de prevención (Araya Moya, 1999). Por otro lado, hay asociaciones comunitarias que nacen de la preocupación de los ciudadanos mismos que --faltos de respuesta de los organismos públicos-- deciden organizarse independientemente. Ejemplo de este tipo de organizaciones es el Plan Vecinos Unidos del barrio de Saavedra en Buenos Aires (Smulovitz, 2001). Si bien estos tipos ideales sirven para explicar el fenómeno de la participación comunitaria, rara vez se presentan en estado puro, la mayor parte de los casos son una mezcla de ambos. Especialmente en América Latina las iniciativas gubernamentales para intensificar la participación comunitaria en prevención del delito han estado ligadas a cambios en las instituciones policiales y a la creación de organismos dedicados a su organización. 3. Desafíos Pendientes Es necesario resaltar que las políticas de prevención comunitaria en desarrollo forman parte de una primera generación de políticas sociales relacionadas con la seguridad cuyo actor central no es la policía. En este sentido, su importancia central en el dimensionamiento del rol de la comunidad en temas como la seguridad es evidente, el delito y la prevención. A pesar de esta notable característica, estas políticas presentan también una serie de limitaciones y desafíos que superan sus realidades locales: por ende, su análisis y debate son de gran utilidad a la hora de formular y evaluar lo que ocurre en otros países cercanos de la región, y lo que pueda hacerse a futuro. Las políticas prevención comunitaria del delito son imprescindibles para generar un corte con la tendencia crítica actual. Sin embargo, previamente diversos cambios deben producirse para tener éxito en este camino. En líneas generales, hay cuatro grandes temáticas que deben ser consideradas. En primer término, un cambio en la estructura policial que acompañe el creciente rol de la comunidad en la prevención. Luego, la necesidad de una mayor integración y coordinación entre los organismos públicos dedicados a la temática, así como con aquellos que están involucrados en temas afines. En tercer lugar, es imperativo ampliar el rol de la comunidad, convirtiéndola en parte central de las acciones preventivas locales y por ende dándole poder para proponer alternativas de solución a temáticas específicas. Finalmente, los puntos anteriores sólo se podrán lograr si se consolida el rol activo del gobierno local. 3.1 Participación y estructura policial La probabilidad de éxito de las políticas de participación para la prevención tiene una estrecha relación con el rol de la policía en dichas estrategias. La realización de cambios institucionales es central para lograr una mayor independencia en la toma de decisiones de los mandos locales: independencia que puede incentivar a los jefes de comisarías a implementar propuestas locales, ya que evita trámites burocráticos lentos y complicados. En una institución jerárquica y a menudo autoritaria como la policía, el cambio suele ser un proceso de largo plazo: por ende, se requiere de una buena planificación de las áreas involucradas, así como de los objetivos que se desea lograr. El cambio de la cultura institucional debe estar entres las primeras prioridades, ya que la literatura analizada en países desarrollados concluye que la resistencia de la policía al cambio y la cultura institucional (jerárquica, militarizada y autónoma) son justamente los principales obstáculos para lograr políticas exitosas de prevención y participación. Asimismo, es necesario implementar un currículo de capacitación de los miembros de la policía que incluya trabajo con la comunidad, solución de problemas, mediación de conflictos y desarrollo de proyectos, para abrir el abanico de acciones a las que se puede responder en situaciones críticas. Asimismo, es necesario definir la relación que la policía entabla con las organizaciones comunitarias. La implementación de estrategias policiales con un énfasis en la participación comunitaria han puesto en evidencia la carencia de un marco de acción entre ambos miembros del binomio policía-comunidad. 3.2 Integración y coordinación interinstitucionalUno de los mayores riesgos que enfrentan estas políticas es el desánimo y desconfianza de la población, que puede no estar dispuesta a participar en un esfuerzo sin ver una pronta solución de sus problemas comunitarios. Igualmente, la falta de compromiso real de las instituciones públicas para apoyar estas estrategias genera una disminución de la participación y desconfianza hacia los intentos públicos por articularla. En este sentido, es prioritario generar una red interinstitucional de coordinación de estas políticas, que disminuya la duplicación de actividades y coordine iniciativas de diversos organismos públicos en el tema. Si no se pone en marcha una verdadera transformación de los servicios por parte del Estado - en este caso, una mejora palpable en la atención al ciudadano en las comisarías, juzgados y demás organismos relacionados con la seguridad - será muy difícil lograr el compromiso de la comunidad, a menudo debilitado por deficientes experiencias de participación previas.3.3 Ampliación del papel ciudadanoLas iniciativas analizadas son un excelente punto de partida para impulsar la participación ciudadana en una variedad de temas que involucran la seguridad: el uso de los espacios públicos, las redes de contención para jóvenes, la gestión de proyectos y la formulación de políticas públicas. Es necesario profundizar la participación en ellas, permitiendo la sumatoria de actores y líderes comunitarios de diversos ámbitos y la comunidad en general. Esta apertura debe ir ligada a una flexibilización de los reglamentos establecidos para cada una de las experiencias de participación. Evidentemente la búsqueda de financiamiento propio suma un notable problema en aquellas comunidades empobrecidas En las que sus habitantes colaboran con su tiempo como recurso principal. De esta manera, el Estado debe garantizar los fondos necesarios para que estas iniciativas tengan asegurado su desarrollo en el tiempo. Finalmente, es preciso desalentar la estigmatización del “otro”, del “delincuente”, del “extraño”, ya que el problema de la seguridad ciudadana es un tema que involucra a todos y donde no se puede estimular la división y la estigmatización social. De esta manera, es importante alentar la participación de los considerados diferentes, cuya visión de las necesidades y problemas de la comunidad son esenciales para la definición de políticas públicas exitosas. En síntesis, las asociaciones comunitarias necesitan asegurar su representatividad al incorporar organizaciones e individuos interesados en la temática. En este sentido se convierte en acción central el desarrollo de estructuras y procesos que aseguren la participación total de la comunidad.3.4 Gestión local y prevención comunitariaLa particularidad de la temática de la seguridad ciudadana permite y requiere un énfasis local en la formulación e implementación de políticas comunitarias. Si bien los contextos de incremento de la criminalidad y de sensación de inseguridad son similares en diversos países, es evidente que los motivos de esta situación son diversos y multidimensionales en cada ciudad o barrio. De esta manera, los gobiernos locales deben de asumir un rol protagónico no sólo en las políticas nacionales o estaduales de prevención, sino también en la formulación misma de políticas locales. Esta estrategia tiene el potencial para influir directamente sobre los problemas locales, así como para captar mayor atención de la comunidad que se siente parte del problema y de sus soluciones. Referencias bibliográficasAraya Moya, J. 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Notas* El presente artículo presenta una versión resumida del texto “Participación Comunitaria de la Prevención del delito en América Latina. ¿De qué participación hablamos? CED, Santiago (2002) www.policiaysociedad.org 1 Si bien existen diversas interpretaciones del concepto capital social, en este artículo tomamos la definición realizada por Putnam (1993) cuando establece que capital social son las instituciones, relaciones y normas que dan cuerpo a la calidad y cantidad de interacciones sociales. Diversos estudios han hecho hincapié en este concepto y su relación con el delito, así por ejemplo un reciente estudio concluyó que “las comunidades con poco o deficiente capital social deberían ser más susceptibles a la violencia” (BID, 1999). 2 Es importante mencionar la existencia de experiencias de participación en prevención del delito que han sido impulsadas por la comunidad sin participación gubernamental. Para mayor detalle ver: Smulovitz, 2000.3 Información de la Secretaria de Justicia y Seguridad Ciudadana, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REFORMA DEL ESTADO.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REFORMA DEL ESTADO.

Notas para el Foro Internacional de Participación Ciudadana. Cedemun- CPE
Cancún, Qro., Septiembre 13, 2002
Miguel Bazdresch Parada. Iteso. Iglom.


1. El Estado de suyo es una abstracción. Sin embargo las sociedades recurren a ella para organizar la conviencia de acuerdo a principios y fines compartidos. Los principios del Estado no son pues una abstracción sino producto de la razón política de quienes acuerdan convivir para lograr ciertos fines y según esos principos fundamentales.

2. En México, el Estado del siglo XX fue construido según los principios del movimiento social revolucionario. Fue en Estado conformado por los principios de la filosofía liberal en general y en particular aplicados a la situación nacional generadora de la revolución. Al mismo tiempo se recogieron los principios liberales juaristas, preconizadores del individualismo libertario e incorporaron el igualitarismo de los socialismos propios de la época. Nuestro Estado del XX fue híbrido en su ideología, liberal y social a la vez.

3. Los revolucionarios, sin embargo, no pudieron sustraerse a la realidad de ser los vencedores de la lucha y de tratar de vencidos a quienes se les opusieron. Así, se aceptaron principios de Estado mediante los cuales la “reacción” quedó sin participación significativa. La economía quedo en manos del Estado, aunque poco a poco se construyó una economía mixta; la educación y la salud públicas quedaron en manos del Estado, la tierra se repartió entre los campesinos formados en ejidos o en pequeños propietarios. La participación en política, si bien se organizó en partidos politicos, el régimen quedó a cargo de la aprobación discrecional de la legalidad de los hombres fuertes y las alianzas entre ellos. En síntesis, se formo un estado de vencedores y vencidos.

4. Los giros de la economía y el progreso del conocimiento científico y técnico dio origen a una economía menos nacional y más internacional cada vez. Y la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos de Estado frente a una creciente masa de ciudadanos expectantes del fruto de su confianza en el gobierno, disminuyó y obligó a revisar el pacto revolucionario y sus principios. Los últimos 25 años del siglo XX fueron una lucha entre la conservación de la misma estructura de conviencia social, económica y política y las evidencias del imperativo de apertura a la relación con el mundo desarrollado.

5. Consecuente con el cambio estructural la sociedad mexicana paso de ser una sociedad nacionalista y con la mirada hacia adentro, a ser una sociedad abierta, plural, consciente cada vez más de las diferencias vigentes entre los mismos mexicanos, antes homogeneos; abierta sin culpabilidad a los aportes de otras culturas y otras ideas; y crecientemene consciente de sus derechos y obligaciones ciudadanas.

6. Ese cambio mermó la funcionalidad de las instituciones revolucionarias y poco a poco dio paso a la desconfianza, en la medida que fue necesario desmontar el aparato de un Estado de bienestar para pasar a un Estado de mercado. La convivencia y el tejido social fueron claramente pasto del deterioro. Quiza hoy estamos en un momento de máxima tensión divergente entre los actores y las fuerzas sociales.

7. Estos cambios obligan a un cambio del viejo y vetusto estado revolucionario, ya mermado por la apertura y el cambio estructural en la economía y la pluralidad, pero aun con ciertas vertebras basadas en aquella ideología triunfante. Hemos de avanzar aun más en la construcción de un Estado con los principios de pluralidad, democracia participativa, gobernabilidad democrática, autonomía de las instituciones del Estado, y protección y promoción de los derechos individuales, económicos, políticos y sociales de los mexicanos. Nada fácil combinar tradición, cultura dominante y nueva ideología global.

8. Sin duda que el Estado debe seguir conservando los principios de República Federal, hoy renovados por la ciencia política y congruentes con la historia y la cultura nacional.

9. Es en este marco de Reforma del Estado que tiene sentido pensar en el principio de la participación ciudadana, no como una mera acción coincidente con la acción gubernamental del Estado, sino como una acción vertebradora de la misma acción de gobierno.

10. La participación ciudadana adquiere su sentido como principio de Estado cuando se descubre la imposibilidad de mantener la sola representación vía electoral como forma de manifestar la voz y las ideas de los ciudadanos, en nuestra sociedad múltiple, numerosa, plural e interesada. Ha de combinarse la representación con la participación.

11. No sería justo, y si simplista, tratar de mermar la representación con la participación. Si bien el Estado ha de abrirse a formas de escuchar y levantar la voz de los ciudadanos con mayor claridad, no sólo mediante la escucha consultiva, sino con efectiva participación en ciertas decisiones que afectan a los ciudadanos, la incorporación del principio de la participación ha de ir más alla.

12. Tampoco se trata de “endosar” a los cidadanos las tareas propias del gobierno, con base en una noción “localista” de las tareas gubernativas.

13. Se trata de articular la participación ciudadana de nuevas maneras en las instituciones del Estado. Participar mediante la reelección. Mediante la fiscalización. Mediante la mejor información. Mediante la reforma del gobierno local.

14. Por tanto una vertiente de la Reforma del Estado, particualrmente importante en el nuevo contexto de apertura, pluralidad y cambio cultural, es la reforma del gobierno local bajo los nuevos principios del Estado para articular la participación ciudadana a la representación y a las tareas republicanas.

15. Reformas concretas posibles:
15.1Renovar el artículo 115. Se tratría de hacer un artículo que le de un ámbito de poder al municipio de manera congruente con los demás poderes. Ahora le da funciones y organización pero le falta el poder.
15.2Rehacer desde su raíz el cabildo como un órgano de los ciudadanos y no de los partidos. Ahora los regidores representan a partidos o a corrientes dentro de los partidos, no a los ciudadanos. Implica la elección territorial de los ahora regidores, la elección de ciudadanos no necesariamente miembros de partidos, elecciones en tiempos secuenciales, la reelección y la asignación al cabildo de la tarea de vigilancia del gobierno.
15.3Reconocer la participación ciudadana para decidir no sólo para consultar. En el ámbito de presupuesto en obra pública ya existen suficientes ensayos en los municipios del país para formular ahora si una reforma legal acerca del presupuesto participativo. Por ejemplo, se puede reformar las constituciones locales para organizar la participación en las decisiones, por ejemplo, de presupuesto local; al menos en algunos de los rubros.
15.4Establecer la obligación del gobierno municipal de informar con transparencia a los ciudadanos, los detalles del ejercicio del gasta pero sobretodo la racionalidad de los proyectos de gobierno, los límites y restricciones y las posibilidades. En otros países ya se piensa en el órgano responsable de la información nacional como autónomo y casi como otro poder, siempre constituido con un fuerte enlace con los ciudadanos y sus organizaciones. El gobirno local es un exclente ámbito para iniciar reformas de este estilo.
15.5Darle autonomía a los órganos fiscalizadores estatales y municipales y al mismo tiempo modernizar la idea de fiscalización para pasar de la contabilidad a la evaluación social del gobierno. Un componente ciudadano en la estructura fiscalizadora mediante participación responsable de ciudadanos organizados puede darle fuerza operativa a estas nuevas instituciones.
15.6Revisar la automonía municipal. ¿Se puede seguir hablando de autonomía sin una base económica sostenible? Implica un profundo cambio en la concepción del diseño de recaudación y gasto público. Se puede empezar por apoyar a los gobiernos locales en una mejor estrucutura del impuesto predial, a partir de las experiencias exitosas en este ámbito, cuando se incorpora la participación ciudadana a la reforma de la administración pública.

16. Un gobierno local organizado con los principios de la democracia participativa y no sólo representativa, y su operación pertinente, puede ser la escuela que nos falta para redefinir el Estado nacional bajo otra idea, más humana y justa, de la convivencia social mexicana.

Miguel Bazdresch Parada.
Iteso - Iglom

PARTICIPAR PARA CONOCER

INNOVACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO LOCAL. DIMENSIONES SOCIALES Y ESPACIALES DE LA INNOVACIÓN

Número extraordinario dedicado al II Coloquio Internacional de Geocrítica (Actas del Coloquio)

PARTICIPAR PARA CONOCER. ARGUMENTOS PARA LA INNOVACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD

Josep Vicent Boira Maiques Departament de Geografia Universitat de València
Participar para conocer. Argumentos para la innovación en la participación ciudadana y la construcción de la ciudad (Resumen)

Ha sido habitual hasta la actualidad, hacer descansar toda la responsabilidad en los procesos de participación ciudadana en los habitantes. Pero la participación no es un derecho de los administrados, al menos solamente. Es un deber de los administradores. Más que poner el acento en reglamentos de descentralización y comités consultivos, sería más conveniente plantear la necesidad de incorporar un nuevo pensamiento en quienes toman decisiones (técnicos y políticos). Una nueva vía que haga entender que es muy importante la calidad de la información. En esta vía, las experiencias de la geografía (especialmente las orientaciones ligadas al espacio subjetivo o la geografía de la percepción que trata la imagen y la percepción del espacio como un producto social y cultural), pueden ayudar a hacer de la participación no sólo un estilo de gobierno, sino un instrumento técnico de primera magnitud a la hora de tomar decisiones. Al respecto, se repasan algunos casos concretos (Valencia, Gandia, Lérida) y se ofrece un decálogo para la discusión sobre la mejora de la participación ciudadana en la planificación urbana.
Palabras clave Participación ciudadana/ ciudad/ percepción del espacio/ información/ toma de decisiones/ métodos innovadores.
Participation for knowing. Some innovation items in citicens participation and tne city construction (Abstract)
Has been usual to lean on the inhabitants the responsibility in citizen participation process. But participation is not only a right of the people; it is a duty of administrators. It is more important to highlight the need of incorporate a new way of thinking about this in politics and thecnicians conception of power and decision making. The quality of information is very important in this new way. The experiences of geography (specially the theoretical and practical guidance of the subjective space or the perception geography which studies the image and the urban perception like the result of social and cultural product), can help in this process: complete the citizens participation not only like a government style, but a very important thecnical instrument for the decision makers. On this matter, we review three experiences (Valencia, Gandia and Lérida) and we offer ten points for a discussion about how we can improve citizen participation in urban planification.
Key words Citizen participation/ city/ space perception/ information/ taking decisions/ innovative methods
La reflexión inicial de esta comunicación surge ante una pregunta clave, ya manifestada anteriormente (Boira, 1996) y planteada siempre desde la perspectiva de un geógrafo que analiza la ciudad: parece fuera de toda duda que la planificación urbana influye en la vida cotidiana de los habitantes de una urbe, pero ¿qué ocurre si planteamos la pregunta al revés?, esto es ¿hasta qué punto los ciudadanos, sus pensamientos, sus acciones y opiniones, sus sentimientos e ideas influyen en --no digamos ya condiciona--, la planificación del espacio urbano? Es evidente que esta influencia es, al menos, limitada. Como señala Villasante (1995:183), parece ser que "planificación y participación se llevan mal".
Este "llevarse mal" ha intentado ser resuelto por medio de numerosas reflexiones sobre la participación ciudadana en la ciudad, las últimas que conozcamos, las muy recientes de Pindado (2000) y Fracasso (2000), aunque ésta sea más de corte bibliográfico. Con todo, casi todas las publicaciones relacionadas con este tema se han centrado en una de las dos dimensiones de la participación ciudadana: el derecho a ejercerla. Y decimos dos dimensiones porque si la participación es un derecho de los ciudadanos, debería ser también un deber de los administradores. Casi todas las aportaciones sobre este tema se centran en la reivindicar la participación como un derecho a ejercer en un ámbito de mejora de la democracia local. La dimensión política --en el mejor sentido de la palabra--, es evidente: la participación se observa como una fórmula que compensa la insuficiencia del sistema democrático, como una respuesta al malestar de los ciudadanos ante la globalización, la complejidad y alejamiento de las esferas donde se toman las decisiones, como una forma de controlar la acción de gobierno o como una medida para preservar el interés general en los asuntos urbanos. Incluso se reivindica el derecho a la participación desde una perspectiva antisistema, entendiendo éste como la suma de mecanismos clásicos de participación en una democracia representativa.
Pese a ello, observamos una falta del mismo interés en desarrollar argumentos innovadores que hagan de la participación ciudadana un deber de la administración, de sus gestores y, más importante, de los técnicos que planifican la ciudad. Y no un deber implícito a la condición de un estado democrático. De hecho, no nos referimos a considerar la participación en la planificación de la ciudad como un deber intrínseco a la constitución democrática de un gobierno local --que también--, sino al deber de recurrir a la participación de los ciudadanos como un medio de mejorar el conocimiento, en este caso, de la realidad cotidiana de la ciudad.
Por tanto, pensamos que mucho mejor que poner el acento en la mejora de las estructuras de participación, de los reglamentos de descentralización, de los comités de consulta, de las normas de información y cogestión de los problemas urbanos, sería más conveniente plantear la necesidad --no queremos decir científica, pero sí ligada a la experiencia del trabajo en un área concreta de la geografía--, de incorporar un nuevo pensamiento, un nuevo talante en quienes toman las decisiones en la construcción de la ciudad, utilizando el bagaje teórico y práctico de diversas perspectivas científicas, como la geografía, con el fin de mejorar un elemento fundamental de todo proceso de toma de decisiones: la calidad de la información.
Es indudable que para llegar a un mismo --o semejante--, punto final se pueden dar diferentes vías. Expondremos aquí una de ellas, la que ha nacido de la reflexión de varios años trabajando en el campo del espacio subjetivo en Geografía. No es la única, ni siquiera la más consolidada. Camino paralelo llevan reflexiones desde la filosofía y la antropología, como la de Ramírez (1998), cuando contrapone "la perspectiva estructural o paradigma geométrico del urbanismo" con "el complejo de las actividades humanas de una sociedad local". De hecho, son más abundantes los trabajos referidos a nuevas formas de participación nacidos de la dimensión política o de la incapacidad del planeamiento para dar solución a los problemas reales de los ciudadanos e incluso desde el propio seno de la teoría urbanística. A este respecto, entendemos de gran interés las aportaciones de Healey (1992) y sus ideas sobre "planning as a communicative enterprise", basadas en rasgos completamente diferentes a la tradicional teoría del planeamiento, incapaz de captar la complejidad de la realidad al dejar al margen de sus bases analíticas, otras formas de conocimiento (Healey, 1992: 145):
New planning theory
Traditional planning theory
* Post-rationalist
* Inter-communicative reasoned
* Many-dimensional
* Thinking about and acting in the world
* Reason
* Scientific knowledge
* Burocracy
* Neoclassical economy
Fuente: a partir del texto de Healey, P. (1992)
También desde la Geografía podemos aportar algunas consideraciones a este debate. De hecho, podemos pensar que la voluntad de mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones resulta de la convergencia de muchos esfuerzos, algunos de los cuales ejemplificamos en el siguiente esquema.
Debido al necesario limitado espacio, nos centraremos en uno de los cuadros de este organigrama: el que hace referencia a las posibles aportaciones al debate por parte de la geografía, aunque con algunos comentarios sobre otros puntos. Volvemos a insistir: nuestro punto de vista es que la participación no es sólo un derecho. Debería ser un deber sin el cual, las decisiones que afectan a la ciudad generarán conflictos urbanos, pues el técnico y el político tomarán sus decisiones con información parcial e incompleta.
Una perspectiva clásica en el tema de la participación
No es este el lugar de hacer un repaso del proceso de construcción de las estructuras de participación ciudadana en la vida local, ni tampoco de sus órganos generalmente aceptados en nuestros municipios. El libro de Pindado (2000) nos excusa, en parte, de ello. Hoy en día, no existe mediana o gran ciudad que no cuente con un concejal dedicado a este menester, incluso con este único título escrito en su tarjeta oficial. La pregunta que nos podemos hacer es si este hecho ha mejorado suficientemente el proceso de participación en el campo concreto de la planificación y de la construcción de la ciudad, si las oficinas técnicas cuentan con una mejor información para la ordenación urbana. Permítaseme expresar la opinión de que no ha sido así. Pese al desarrollo teórico de una "cultura organizativa orientada en función de la demanda ciudadana" (Carta de Barcelona, 1991), pese a las jornadas técnicas (en Valencia, se celebraron en un ya lejano 1984 y 1985 el primer y segundo encuentro sobre descentralización y participación), pese a las magníficas ideas expresadas por quienes se han dedicado a este tema (véase, por ejemplo, el texto de Jordi Borja de 1987), el hecho es que en el campo concreto del urbanismo y de la planificación y construcción de la ciudad, las innovaciones reales han sido muy limitadas y mucho más en España. El proceso de toma de decisiones sigue siendo demasiado rígido y las leyes reservan la participación a los plazos oficiales de alegación una vez publicados en los boletines o diarios correspondientes.
Y, a mi juicio, la razón de este escaso avance generado en comparación a la literatura escrita es que ni técnicos, ni gestores políticos, reconocen la necesidad y la utilidad de contar con las opiniones, percepciones, sentimientos e ideas de los ciudadanos, entendidos --y este es un punto de diferenciación con las opciones "colectivistas" o "asociacionistas" más clásicas en el tema de la participación--, como individuos que viven la ciudad de una forma particular, aunque también social. La participación, a nuestro entender, no sólo es útil para profundizar en la democratización de la vida municipal, sino que debería resultar un trámite de obligatorio cumplimiento --como lo es el estudio de impacto ambiental para determinados proyectos urbanísticos--, porque facilita a los técnicos una gran cantidad de información --de alta calidad, por cierto--, sobre el espacio a ordenar, a planificar, a construir o reconstruir.
Por ejemplificar esta visión, podemos decir que observamos la participación no tanto como "el encuentro entre instituciones representativas, partidos y administración, por una parte, y los movimientos y organizaciones sociales, que existen autónomamente de los partidos políticos y de los mecanismos participativos" (Borja, 1987:126) --argumento que ha permitido dibujar grandes coartadas de participación a muchos gobernantes--, sino como un medio de proporcionar información útil al técnico en el campo concreto de la construcción y planificación del espacio, urbano y rural. Exagerando la nota un poco, la participación no sería sólo un "método de gobierno", ni un "estilo" --como dice el alcalde Clos (1998: 15)--, sino un instrumento técnico de primera magnitud. Permítaseme decir que el esfuerzo es más grande en este sentido que en el anterior. Y ello debido a una razón: el técnico es mucho más impermeable a la necesidad de la participación ciudadana, debido entre otras cosas a que sufre con menor fuerza la presión organizada de movimientos sociales organizados o de partidos políticos opositores, además de por una formación académica y profesional en la que reflexiones como éstas difícilmente se dan.
La aportación de la Geografía al tema de la participación ciudadana
No es el momento de debatir la historia de la geografía de la percepción, sus orígenes y sus características, ni tampoco de revisar sus resultados prácticos. Sin embargo, permítesenos presentar algunas de sus características más relevantes para la discusión que estamos teniendo.
Una parte de la ciencia geográfica --en relación con otras parcelas del saber como la psicología, la sociología, la antropología, la arquitectura o el propio urbanismo--, viene ofreciendo desde hace años, una idea difícil de refutar: la existencia de un espacio subjetivo que de alguna forma --no es este el momento de discutir de qué manera--, se superpone, se complementa o simplemente modifica y transforma el espacio objetivo conformado por la cartografía oficial, los datos estadísticos o los análisis cuantitativos de los gabinetes técnicos municipales.
Una bien conocida perspectiva clásica de la geografía de la percepción (esgrimida, entre otros, por Pocock y Hudson, 1978), viene bien para, en tres palabras, presentar sus líneas trabajo: el análisis de la dimensión estructural del entorno, del espacio (análisis de los elementos que ordenan y estructuran el espacio subjetivo, el "mapa mental" de las personas), la dimensión valorativa o evaluativa (evaluación del espacio y de sus componentes a través de la percepción individual de los habitantes) y la dimensión preferencial o afectiva (elección de zonas o de características propias de una zona por parte de los ciudadanos). Sobre este esquema se han desarrollado algunas investigaciones. Como ejemplo, aunque sea una ya antigua referencia y necesitada de mejoras a diez años vista, la propia nuestra, relacionada con la ciudad de Valencia (Boira, 1992). A aquellas tres líneas, debería añadirse otra más reciente, ligada a posiciones más comportamentales y cognitivas --por tanto, más dedicadas a esclarecer el comportamiento de los individuos en el espacio y el mecanismo de cognición, esto es, de reconstrucción del espacio exterior en la mente de las personas--, como la representada en España por el doctor Constancio de Castro.
En realidad, con la perspectiva del tiempo pasado, el trabajo realizado en el estudio del espacio subjetivo en Geografía ha ido derivando desde posiciones ligadas a la imagen de la ciudad y a la percepción como producto psicológico a la consideración de la imagen y de la percepción del espacio como producto social y cultural. A mi juicio, nos debe interesar la percepción y la imagen espacial más como una manifestación de "lo social" --en sentido amplio--, y menos como una actividad estrictamente psicológica. No es una idea nueva: Gold (1992), ante una cierta sensación de crisis de la Geografía de la Percepción y del Comportamiento, apostaba por realinear las perspectivas cognitivas con aquellas de los geógrafos humanistas y culturales. Nosotros añadiríamos que también con las perspectivas sociales y radicales de la Geografía. La otra opción que le queda a la Geografía de la Percepción y del Comportamiento, señalada también por el mismo Gold, esto es, la multiplicación y profundización de contactos con la psicología cognitiva hasta casi disolver los límites de una y otra disciplina, puede conducir a ser un grupo altamente especializado, pero pequeño y crecientemente periférico dentro de los estudios urbanos. Algunas de las consideraciones de este debate ya han sido, al menos, apuntadas en las páginas electrónicas de Geocrítica, a consecuencia de la reseña de una obra reciente de Constancio de Castro (1997).
Modifiquemos pues nuestra perspectiva. Contactemos con otros geógrafos, arquitectos, ingenieros, sociólogos y urbanistas que trabajen el campo de lo social, de la realidad más inmediata, de las estructuras políticas y sociales, del contexto, que interpreten la realidad espacial en términos de discurso, con aquellos que comprenden e interpretan su entorno, con aquellos que tienen en cuenta las diferencias culturales. Recuperemos aquel ímpetu inicial de la Geografía de la Percepción y del Comportamiento y preguntemos nuevamente a la gente cómo quiere su espacio de vida --su barrio, su ciudad, su mundo--, cómo quiere mejorarlo y animémosla a participar en esa mejora junto a los técnicos, especialistas y planificadores de la realidad. Todo este bagaje teórico y práctico tiene una utilidad evidente en el campo de la participación ciudadana.
Ejemplos en el proceso de participación
No podemos repasar aquí todos los métodos que, desde la geografía o el urbanismo, se han centrado en buscar una mejora de la participación ciudadana en los procesos de planificación urbana. Sin embargo, podemos destacar algunas aportaciones de relativo interés, más por el camino que abren que por los resultados obtenidos, pendientes todavía de mayor experimentación.
Desde la geografía de la percepción más clásica, podemos destacar un análisis reciente realizado en Gandia (Boira, 1998), una ciudad valenciana de unos 60.000 habitantes. Una serie de obras, de infraestructuras y de modificaciones en su estructura urbana aconsejaron reordenar algunos elementos de la misma (tráfico, zonas verdes, instalaciones y edificios públicos, dotaciones, servicios...) e incluso mejorar la división administrativa interna de la ciudad en barrios operativos. De acuerdo con estas ideas, el ayuntamiento se interesó por conocer otra dimensión de la realidad urbana, la dimensión subjetiva o, en otras palabras, la percepción de sus habitantes. Para ello, se pensó en una investigación cuyos objetivos fueron: Estudiar la estructura interna de la ciudad desde el punto de vista del espacio subjetivo, analizar las características ambientales y urbanísticas de los barrios percibidos y de toda la ciudad (problemas detectados, conceptos asociados a los diferentes espacios, preferencias residenciales), analizar la movilidad de los ciudadanos y el posible impacto de las transformaciones urbanas previstas. En este caso, se utilizaron las encuestas a un amplio espectro de la población (más de 2.100 personas), combinadas con materiales gráficos. El resultado permitió ofrecer a los gestores y técnicos un amplio conjunto de datos ligados a tres argumentos fundamentales: en primer lugar, la percepción de calidad de vida, problemas urbanos en la ciudad y en los barrios, actuación municipal y valoración de determinados ítems en distintas zonas de la ciudad. En segundo lugar, la delimitación por parte de los ciudadanos de sus propios espacios de vida, de sus barrios. Y en tercer lugar, un análisis de movilidad.
Otro ejemplo menos clásico y más innovador, fue el desarrollado en Lleida en el ámbito de la Setmana d'Estudis Urbans del año 1995. Se trataba del así llamado Gulliver's map. Desarrollado en esta ciudad por el arquitecto japonés Junzo Okada, era un juego en que se animaba a participar a los ciudadanos. Sobre una reproducción de varios metros cuadrados del plano del barrio a estudiar --en concreto, Pardinyes--, situado en una gran carpa en la plaza central de la zona, los vecinos podían pasear libremente sobre el gran plano, descalzos, cómodamente y con rotuladores servidos por la organización (había diferentes colores en relación con la edad del vecino en cuestión), anotando sobre él todas aquellas ideas, sugerencias, mensajes, quejas o mejoras que se les ocurrieran. El resultado final fue la superposición real, física, del espacio del arquitecto (el plano en sí) y del espacio cotidiano de la gente (materializado en los dibujos, frases y anotaciones realizadas por los vecinos). Como en la historia de Gulliver, los ciudadanos pudieron ver su barrio a una escala poco habitual, pasear sobre él, detenerse en casa de sus amigos, en la suya propia, sugerir mejoras --como así se hizo--, en calles peligrosas, en esquinas conflictivas, en pasos de cebra no señalizados, pero también dedicar poemas al teatro que ya desapareció pero que se conserva en la memoria, intercambiar mensajes con otros vecinos, recordar sus calles más entrañables, los lugares de reunión de los jóvenes y de los ancianos, etcétera. Un técnico sensible a este tipo de experiencia obtendría información desconocida e interesantísima sobre los lazos que unen al individuo con el espacio frío y abstracto de los despachos oficiales, comprendería que las calles y plazas son espacios vividos y que las intervenciones urbanísticas no se realizan sobre la nada, sino sobre un complicado esquema de relaciones personales, sociales y ciudadanas. Podría integrar toda esta realidad en sus proyectos urbanísticos.
Podríamos citar algunos ejemplos más, pero baste hablar del trabajo de Tonucci con los niños y la ciudad (Tonucci, 1997), las experiencias de diseño comunitario (Mehrhoff, 1999), los análisis de la imagen de la ciudad desde un punto de vista del paisaje urbano deseado, profundizando en los principios de Kevin Lynch (Nasar, 1998) o de las experiencias a través de Internet de participación en procesos virtuales de planificación, muy activos en Inglaterra, en concreto en la ciudad de Leeds. En todos ellos, subyacen ideas compartidas con los estudios que profundizan en la multidimensionalidad del espacio, en los muchos significados del entorno urbano.
Un decálogo para una discusión sobre innovaciones en la participación ciudadana en la ciudad
Para terminar, permítasenos resumir algunas ideas todavía provisionales sobre este asunto:
1. Convencimiento personal, no reglamentos. Desde la perspectiva del técnico en urbanismo y planificación, debería superarse la fase de "informar a los ciudadanos", para entrar en otra que fuera "informarse de los ciudadanos". Creemos que si no se produce un convencimiento de políticos, gestores y técnicos de la necesidad de introducir la dimensión personal en la planificación de la ciudad, las leyes y reglamentos de participación serán poco útiles. Se debe renovar la concepción del papel que juegan los individuos en su entorno urbano, pero no por decreto, sino por convencimiento.
2. Convencimiento incluso por egoísmo. El técnico debería reconocer que contar con los ciudadanos para los procesos de planificación urbana no sólo es recomendable políticamente, sino útil, al proporcionar gran cantidad de información nueva, no publicada en censos, ni estadísticas, ni derivada de análisis cartográficos, históricos o económicos. De hecho, algunos métodos innovadores (planos en dos dimensiones a gran escala, maquetas, representaciones virtuales en tres dimensiones...) no sólo ofrecen cantidades grandes de información, sino que ésta es cualitativamente nueva, al tratar de aspectos poco usuales como la percepción, la significación, la identidad y la definición y valoración del entorno de vida más próximo y de la ciudad en general.
3. Participación individual. El ciudadano tiene el derecho a que se le consulte a él como persona, sin formar parte de ninguna asociación o colectivo vecinal. Las asociaciones de vecinos, entidades que suelen canalizar la participación ciudadana, deberían dejar espacios de libertad, dejar huecos a la participación individual, no monopolizando las formas de debate, eliminando "intermediarios", en acertada expresión de Vallès (1998: 81). De hecho, los métodos y la perspectiva que defendemos es un complemento a los cauces legales de participación asociativa. Habría que replantearse --aunque éste sea otro debate--, si estas asociaciones de vecinos son la única voz de los ciudadanos en esta sociedad moderna disgregada y compleja. Pese a su indudable buena voluntad, hoy cuentan con una baja afiliación y proliferan plataformas alternativas --asociaciones temporales de ciudadanos dedicadas a combatir actuaciones puntuales en la ciudad, un derribo, un desalojo, un plan de reforma, una rehabilitación polémica-- que pueden o no trabajar de forma coordinada con las asociaciones de vecinos tradicionales.
4. Actitud activa municipal. A diferencia de >
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sigue: "la participación se basa en una ciudadanía activa" (Borja, 1987: 142), pensamos que la nueva participación se debería basar en una administración técnica y políticamente activa. Por ello, estamos más de acuerdo en con otra frase del mismo Borja (1990: 665): "Hay que ir a buscar a la gente donde esté". Pensando a contracorriente de muchas formulaciones recientes, apostamos por canales de participación "top-down", es decir, de oficio, desde arriba, puesto que las presiones "bottom-up", desde la base, requieren una movilización de los individuos que no siempre se produce, con lo cual, si se deja a éstos la iniciativa, puede suceder que nunca se produzca, que sea espasmódica --ligada a una intervención urbana especialmente desafortunada o polémica-- o que se estructure en torno a grupos de presión legítimos pero parciales.
5. Métodos innovadores. Parece evidente que los procedimientos para mejorar la participación ciudadana en la construcción de la ciudad deben olvidarse del ciudadano ilustrado (capaz y bien informado), virtuoso (esforzado en mejorar el estado de la cosa pública) y ocioso (con tiempo libre disponible para los asuntos colectivos) (Vallès,1998:75). No pueden pedirse dedicaciones extraordinarias de tiempo y atención, ni tampoco la participación ha de ser una carga que sumar a otras que soportan los individuos. Los métodos deben ser innovadores, ágiles y atractivos. Un factor nuevo anima a utilizarlos: hoy en día, el ciudadanos está más capacitado para enfrentarse a mapas, fotografías, manejo de ordenadores, consultas por Internet, realidad virtual, etcétera, lo que permite abrir nuevos campos de investigación en los procedimientos de participación, complementando la encuesta o el período de alegaciones.
7. Vía interesante y peligrosa. Si un técnico o un gestor político abre la vía de la participación real y efectiva, con nuevos métodos y una perspectiva novedosa también en la información que va a recoger de ellos, abre también una vía difícil de cerrar sin ofrecer resultados efectivos. No puede deslumbrarse al ciudadano con procedimientos innovadores y atractivos para después olvidarse de los resultados. Una vez los ciudadanos se siente partícipes de un proceso de toma de decisiones, es inevitable la necesidad de rendir cuentas de ese proceso.
8. Participación sí, abdicación de responsabilidades no. Las posiciones esgrimidas en esta comunicación apelan a hacer de la participación ciudadana en la planificación urbana un medio y no un fin en sí misma. Más claramente: no se trata de hacer siempre lo que los ciudadanos manifiesten a través de los canales de participación. No debemos caer en el relativismo de las ideas, en el "todo vale". Hacerlo sería abdicar de las responsabilidades técnicas y también políticas por parte de los responsables de la ciudad. No debemos sustituir un racionalismo científico férreo en el planeamiento por un idealismo basado exclusivamente en principios morales o estéticos (Healey, 1992: 147).
9. El planeamiento como una empresa comunicadora, por usar la expresión de Healey (1992: 144). En este sentido, no podemos estar de acuerdo en que la participación se debe utilizar para "interferir en la autonomía técnico-científica de los planificadores" (Fracasso, 2000), aunque sí para corregir y matizar esta visión técnica absoluta. Como también discrepamos de la idea de Ramírez (1998) --y tal vez sea la única disconformidad con su recomendable artículo--, cuando reduce el debate a una elección entre despostimo o democracia, entre conocimiento profesional o experiencia de la vida. Por así decirlo, debemos ser capaces de construir una "tercera vía", en la que la participación no se reduzca a una simple consulta a la población, sino que se produzca un intercambio de visiones, de valoraciones, de percepciones y de imágenes entre la sociedad y los técnicos y gestores. La experiencia de la geografía de la percepción trabajando en el campo del espacio absoluto (el derivado de las coordenadas geográficas) y el relativo (el propio de los seres humanos) y de la conjunción de ambos nos impulsa a pensar que también en la planificación de la realidad urbana hacen falta ambas visiones: la ciudadana y la técnica. La complejidad de los problemas urbanos requiere generosidad y humildad tanto por parte de la autoridad técnica y política, como por parte de los colectivos vecinales y los defensores del diseño comunitario más radical. En este caso, estamos seguros que el método es la teoría, es decir, si se abren canales de participación se entrará necesariamente en una fase nueva en la planificación de la ciudad de consecuencias positivas.
10. Antes que lo general, lo particular. La innovación en la participación ciudadana debe venir, no por grandes campañas generales al estilo de "la ciudad que queremos", "opine sobre el plan general" o el teléfono municipal de atención al público, sino de proyectos concretos, de barrio, locales. Pensemos más en un ciudadano interesado por las cosas próximas a su entorno concreto de vida, a sus problemas y a sus intereses. La escala de un Plan General es demasiado grande para una participación ciudadana efectiva, pese a algunas experiencias positivas, pero que pueden calificarse más bien como políticas que como técnicas. Por ello, se debería apostar por micro-intervenciones (cercanas al ámbito del barrio), con procesos paralelos de participación eficazmente organizados por la administración, puesto que es en esa escala donde la gente sabe más y más se interesa.
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© Copyright: Josep Vicent Boira Maiques, 2000 © Copyright: Scripta Nova, 2000

El planeamiento ¿herramienta para la construcción de la ciudadanía?:

2do. Congreso Nacional sobre Problemáticas Sociales Contemporáneas

Facultad de Humanidades y Ciencias - Universidad Nacional del Litoral - 2003

El planeamiento ¿herramienta para la construcción de la ciudadanía?:
la experiencia de Guadalupe Estratégico.

Autores: Diego Adolfo VALIENTE (FADU/UNL), María Elena KESSLER (FICH/UNL), Julio TALIN (FADU/UNL), Ricardo SANTIAGO (FADU/UNL): diegoval@fadu.unl.edu.ar

Introducción.

A partir de la década de 1990, distintas ciudades del País, en la búsqueda de respuestas para sus problemáticas – urbano–ambientales, sociales, económicas, institucionales –desarrollaron experiencias de planificación[1] estratégica (inspiradas en el modelo español, no exento de aspectos críticos), que incluyeron la participación de organizaciones de la sociedad civil y la articulación con instancias gubernamentales nacionales o provinciales.

Muchas de estas experiencias, casi todas impulsadas desde los gobiernos locales, significaron esfuerzos de participación y organización social, expansión del espacio público no estatal y, en términos generales, avances en la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la cultura democrática.

A pesar de ello, por diversas razones, la mayor parte de esos ensayos de planificación estratégica no consiguió sustentarse en el tiempo.

Sin embargo, la idea de la participación social como llave para resolver los diversos problemas que plantea la crisis en los medios urbanos parece haberse instalado en la sociedad, y haber contribuido para que esta modalidad de planificación aparezca en el imaginario colectivo como una herramienta válida para ese objetivo.

No obstante, salvo excepciones, las instancias estatales no parecen dispuestas a insistir en la promoción de la participación social en la gestión local, a pesar de la recurrencia a la misma en los discursos.

Así, se plantea una tensión efectiva entre las aspiraciones y reivindicaciones comunitarias – que ahora incluyen poner en práctica herramientas participativas concretas[2] – y la gestión estatal, que insiste en responder a las problemáticas y a las demandas con criterios centralizados y burocráticos.

Algunas de las preguntas que se plantean, entonces, son: ¿qué caminos de resolución de esta tensión se están dando desde la sociedad? ¿es posible valerse de herramientas de la planificación participativa para la resolución de la crisis desde la sociedad en ausencia del Estado? Si así fuera, ¿qué organización social es necesario construir para sustentarlas y cuáles son los modos en los que se construye?, ¿qué transformaciones concretas pueden verificarse a partir de esas prácticas? ¿ y qué aspectos críticos plantean con respecto a las prácticas de planificación estratégica que se han promovido?

En el contexto de la crisis argentina que se agudizó en el 2001, en Santa Fe, en el Barrio de Guadalupe, un grupo de vecinos – entre los cuales no estaban ausentes representantes de instituciones barriales – se congregó en torno a reivindicaciones sobre problemáticas puntuales. En poco tiempo, este grupo comenzó a desarrollar propuestas de transformación barrial – en principio, urbanísticas, luego, institucionales – y resolvió intentar una experiencia de planificación estratégica participativa, luego asesorada por la Universidad Nacional del Litoral, pasando a llamarse Guadalupe Estratégico.

El Barrio Guadalupe tiene una importante tradición asociativa que actúa como caja de resonancia de intereses, necesidades, valores y compromisos que los actores sociales asumen frente a la comunidad. La experiencia de Guadalupe Estratégico se caracteriza por estar sustentada en la tarea comunitaria, sin asistencia gubernamental. Ha desarrollado actividades con alto grado de participación – algunas de ellas, como la asistencia a afectados por las inundaciones del Río Salado, en articulación con organizaciones barriales surgidas al calor de la crisis de Diciembre del 2001, como la Asamblea Barrial y las Manzaneras Solidarias – y se proyecta como referencia para otros barrios en el contexto de la Ciudad.

Este trabajo rescata en forma sistemática la experiencia de Guadalupe Estratégico, desde el marco de la investigación participativa. En especial, se enfoca en el proceso de organización grupal y en los aprendizajes particulares que se dan durante la planificación, en los cambios en la percepción de las relaciones entre lo público y lo privado, así como en la construcción del capital social en términos de lazos de confianza, reciprocidad y cooperación.

Para esto se registra y se encuadra conceptualmente el proceso de organización social y de planificación que se está llevando a cabo.

Las metodologías de trabajo implementadas en campo tienen un carácter participativo que contempla los diversos aspectos – sociales, urbano–ambientales, político–institucionales y económicos – y se inscriben dentro de una perspectiva teórica y epistemológica sobre la construcción del conocimiento, y sobre la acción colectiva, que apunta a rescatar los saberes y valores existentes en la sociedad y articularlos con el conocimiento científico en el proceso de planificación.

Los autores forman parte del equipo de la Universidad Nacional del Litoral que presta asistencia técnica a Guadalupe Estratégico en el proceso de planificación participativa, en el marco de un Proyecto de Extensión de Interés Social.

Se inicia la exposición con una breve descripción del cuadro de las experiencias de la planificación estratégica de ciudades en la Argentina, y en la ciudad Santa Fe. A continuación, se exponen los principales aspectos conceptuales y metodológicos de la planificación estratégica de ciudades retomados en la experiencia de Guadalupe Estratégico. Luego se describe esta experiencia, comenzando por una breve revisión de las características urbanas del Barrio Guadalupe, para profundizar en los aspectos relacionados con el proceso grupal, desde sus inicios hasta la actualidad; para esto, se utilizan categorías analíticas de la psicología social. A continuación, se describen los procesos de trabajo colectivo desarrollados de acuerdo a los principios antes expuestos.

Dada la naturaleza de las cuestiones planteadas, se analizan también las posibilidades del proceso de Guadalupe Estratégico en cuanto a su posibilidad de constituirse, junto a otros actores que comparten el territorio, en un espacio de construcción de ciudadanía. Para esto, se articula este concepto a la definición de capital social y la problemática de la generación de redes asociativas, tanto horizontales como verticales.

Finalmente, se exponen las conclusiones del trabajo, que tratan de la relación entre las herramientas de la planificación estratégica utilizadas, el proceso de trabajo grupal y la construcción de ciudadanía.

Sobre las experiencias de planificación estratégica de ciudades en la Argentina.

A pesar de que una evaluación sistemática de las experiencias de planificación estratégica de ciudades en la Argentina justifica, por sí sola, un trabajo específico, es posible registrar algunos aspectos que son conocidos desde la experiencia profesional y académica, y que sirven para enmarcar las prácticas que se tratan de promover desde la iniciativa de Guadalupe Estratégico.

La planificación estratégica[3] de ciudades adquirió un fuerte impulso en la Argentina a partir del influjo de la experiencia española – en especial, barcelonesa – que tuvo dos frentes de expansión: los medios académicos y la consultoría de profesionales extranjeros y nacionales (éstos generalmente asociados con aquellos).[4]

Entre las experiencias más consolidadas a mediados de la década de 1990 se contaba a la ciudad de Córdoba, cuyo proceso de planificación abarcaba reformas profundas en diversos aspectos – administrativos, de gestión, económico–productivos, urbanos, ambientales, entre otros – que, en cierto sentido, también continuaban las reformas urbanas iniciadas a fines de la década de 1970 en esa ciudad.[5]

La experiencia cordobesa fue, tal vez, la que tuvo mayor influencia sobre varias ciudades. Los logros de las reformas fomentadas en Córdoba – en especial, en términos de la descentralización de la administración municipal, de la mejora en la calidad de los servicios prestados por el Municipio, y del impulso al desarrollo urbanístico[6] ­– entusiasmaron a municipios de diferentes extracciones políticas a intentar caminos similares. Se debe tener en cuenta que este proceso se dio en el marco ya conocido de las crisis de los gobiernos municipales en el contexto de las transformaciones en la estructura productiva nacional y en el Estado en la década de 1990. Tiempo después, a partir de la asunción del nuevo gobierno nacional en 2000, los cuadros técnicos y políticos que habían actuado en la Municipalidad de Córdoba impulsaron, desde el Ministerio del Interior de la Nación, el Plan Nacional de Modernización de los Gobiernos Locales, extendiendo la influencia de la experiencia cordobesa hacia todo el País.[7] Irónicamente, al mismo tiempo que esta experiencia de gestión adquiría rango de política nacional, el Plan Estratégico de Córdoba era desarticulado por el nuevo gobierno municipal, de extracción neo–conservadora.

Las primeras experiencias de planificación estratégica de ciudades, en los inicios de la década de 1990, impulsaron la labor de consultoría de especialistas nacionales que, al mismo tiempo, adquirieron una fuerte presencia en el medio académico. Esto contribuyó a renovar el debate alrededor del planeamiento urbano en un medio anestesiado por la persistencia de paradigmas de planificación urbana que habían hecho crisis desde mucho tiempo atrás.

Esto se dio en paralelo a la inclusión de contenidos de “gestión del desarrollo” en la formación de grado y post–grado dentro de las universidades. Parte de esta influencia académica se puede atribuir a la acción de organismos de cooperación internacional como de instituciones académicas, que aportaron técnicos a las diversas experiencias y respaldaron conceptualmente tanto el enfoque del problema del desarrollo basado en la cuestión local, como la inclusión de la participación social como un componente básico de la gestión municipal. [8]

Fue así que ciudades de diferentes tamaños, características e importancia, desde capitales provinciales hasta pequeñas localidades, impulsaron procesos llamados de “planificación estratégica” cuyos rasgos comunes eran un discurso sobre la necesidad de insertar a la ciudad en el contexto de la “globalización” y la convocatoria a sectores sociales locales para “convalidar” la iniciativa. [9]

Por diversas razones, la mayoría de estas iniciativas se frustraron. La experiencia recogida en la práctica profesional permite conjeturar sobre algunas de las causas para ello, útil a los solos fines de presentar este panorama. Así, dichas causas podrían encontrarse en que los mismos gobiernos locales que convocaban a participar no estaban finalmente dispuestos a sostener la participación en la definición de las políticas locales; en que los administradores que sucedían a los que iniciaron los procesos participativos decidían no continuarlos; en que el tipo de acciones de resolución estaban muy por encima de las posibilidades de acción de localidades cuya base económica había colapsado; o en que las urgencias de la crisis socio–económica y de las demandas políticas no permitieron que los procesos tuvieran el tiempo suficiente de maduración para poder traducir la participación social en términos de acciones concretas de transformación territorial. En no pocos casos, la participación social se contraponía a las prácticas clientelistas de la dirigencia política. A menudo, este tipo de procesos de planificación entraba en contradicción con las tradiciones asociativas comunitarias, o con las tradiciones profesionales de los equipos técnicos locales;[10] contradicciones que no pudieron ser siempre resueltas desde la apropiación de los principios y la adecuación de los métodos a las realidades particulares. A esto no fueron ajenas las características mismas del sistema de consultoría, con pautas temporales rígidas para la obtención de resultados que, aliadas a las urgencias políticas, no permitían el desarrollo de los procesos de organización y articulación social que implicaban los principios de planificación participativa enunciados, llegando a resultados forzados o, simplemente, prefabricados, que no necesariamente contenían o expresaban a las realidades locales.

Finalmente, la eclosión de la crisis económica y social contribuyó para que muchas de estas iniciativas, como tantas otras, pasaran a un último plano entre las prioridades de los gobiernos locales y, por último, a su desatención cercana al abandono definitivo. [11]

En los últimos años, ya pasados los impulsos de la experiencia española y verificada la insuficiencia de las traslaciones lineales de la misma a nuestras realidades urbanas, la idea de la planificación estratégica de ciudades comenzó a ser cuestionada, o directamente abandonada, desde los mismos ámbitos desde los cuales se la promovía hasta poco tiempo atrás. Cierto “pragmatismo” ha impregnado a la elaboración teórica en los medios académicos sobre la gestión urbana, aludiendo tanto a las críticas a la posibilidad de operar sobre la totalidad (noción necesaria para las acciones de planificación), como a las necesidades de resolver la crisis social desde la urgencia por el sustento de las familias empobrecidas.[12]

Finalizada en forma abrupta la experiencia cordobesa, en su lugar de origen y en su intento de proyección nacional, sólo Rosario y Buenos Aires continúan con procesos de planificación estratégica de grandes ciudades que puedan mostrar continuidad y resultados concretos. Otras experiencias en ciudades de menor porte también han tenido continuidad. Pero, de cualquier modo, parecen tratarse de excepciones en un proceso que ha dejado más interrogantes que certezas acerca de lo que puede aportar esta modalidad de planificación a la construcción efectiva de ciudadanía y al desarrollo socialmente equitativo de los núcleos urbanos.

Sin embargo, la idea de la participación social como llave para resolver los diversos problemas que plantea la crisis en los medios urbanos parece haberse instalado en la sociedad, y haber contribuido para que esta modalidad de planificación aparezca en el imaginario colectivo como una herramienta válida para ese objetivo.

Esta identificación también ha sido fomentada desde el poder político, que alude ahora a distintas modalidades de la participación social en las cuestiones locales – desde el presupuesto participativo, que cobró notoriedad a partir de la experiencia brasileña, hasta la descentralización municipal ­– y usando también en forma indiscriminada el término “estratégico” para calificar a cada acción de gobierno, por puntual que sea.

No obstante, salvo excepciones, las instancias estatales no parecen dispuestas a insistir en forma efectiva en la promoción de la participación social en la gestión local, a pesar de que la participación social en las cuestiones locales se ha convertido en un tópico común en los discursos políticos.

En este sentido, el caso del Plan Estratégico de Santa Fe es ilustrativo, y plantea el contexto de la experiencia objeto del presente trabajo.

La experiencia del Plan Estratégico de Santa Fe.

La ciudad de Santa Fe no escapó a las consecuencias de la adopción del modelo neo–conservador impuesto al país a partir de la década de 1970 y profundizado en la década de 1990. En la Ciudad y en su área de influencia se vieron profundizadas las consecuencias inmediatas de ese modelo en la crisis económica y en la desindustrialización, en el marcado incremento de la tasa de desocupación y en la profundización de la “ciudad dual”, con la ampliación de las áreas de la pobreza.

Al mismo tiempo, la transferencia de responsabilidades del Gobierno Nacional hacia los gobiernos locales – la que, en apariencia, tenía la ventaja de acercar la toma de decisiones a las demandas de la comunidad, y posibilitar su identificación correcta y su manejo integral, así como promover la participación comunitaria para concertar intereses heterogéneos – estuvo sumamente condicionada por la escasez de recursos para dar respuestas a las demandas y, especialmente, por la escasa capacidad para incidir en la estructura y en la dinámica económica vigentes.

En el caso de la Ciudad de Santa Fe, el gobierno local ensayó, en forma tardía, propuestas de participación que aportaran respuestas para las problemáticas de una gestión local que mostró deficiencias en su capacidad de conducir un proceso marcado por las contradicciones entre las demandas locales y las respuestas constreñidas por la política neo–conservadora. Esta experiencia de planificación estratégica tuvo, hasta ahora, tres etapas, marcadas por la discontinuidad de las acciones promovidas y de las estructuras organizadas para llevarla adelante.

La idea de la formulación de un plan estratégico de desarrollo para la Ciudad fue impulsada por la gestión municipal que se inició en 1996. Así, las primeras acciones tuvieron su comienzo a través de la implementación de talleres de discusión temática. Estos talleres tuvieron, tanto por parte de la comunidad en general como de las organizaciones invitadas, un importante apoyo, a pesar de la escasa credibilidad social en los procesos participativos. Esto puso en evidencia un real interés por la discusión, con propuestas de temas fundados en demandas comunitarias y sectoriales de interés común. Sin embargo, esta iniciativa se diluiría prontamente, planteando interrogantes con respecto a las causas de su fracaso.

En el 2001, ya con una nueva gestión municipal, se reavivó el intento de planificación estratégica y participativa. Así, a partir de experiencia de muchos de los que formaron parte del primer intento, se anunció el relanzamiento del Plan Estratégico “Santa Fe Siglo XXI”. Capitalizando la experiencia anterior, esta vez la responsabilidad por la formulación del Plan recayó en un equipo técnico constituido por personal estable del Municipio y por profesionales de diversas especialidades contratados a tal fin. Al mismo tiempo se conformó un Consejo Promotor constituido por entidades intermedias y organizaciones no gubernamentales reconocidas en el medio, por autoridades provinciales y municipales, el Obispado, las universidades, los colegios de profesionales, las cámaras empresarias y comerciales, entre otros. Tiempo después – luego de sistematizar y publicar el “Documento Pre–Diagnóstico” (SANTA FE, 2001), y de desarrollar una ronda talleres públicos participativos – el Plan Estratégico de Santa Fe entró nuevamente en un intervalo: los profesionales del equipo técnico no vieron renovados sus contratos, el Plan desapareció de los discursos y de las prioridades oficiales, y las tareas iniciadas fueron interrumpidas.

La última etapa del Plan Estratégico de Santa Fe, la actual, comenzó en el 2002 con un nuevo “relanzamiento”, para lo cual se terminó de sistematizar el “Documento Diagnóstico: Santa Fe Siglo XXI” (SANTA FE, 2002), previa consulta por escrito a las instituciones participantes en las actividades anteriores, el cual se presentó en acto público. También se contrató un nuevo coordinador para el Plan, un profesional local con vasta experiencia en el planeamiento urbano tradicional. Sin embargo, no se asignaron otros recursos al Plan.

En función de sus resultados, se puede apuntar que en su primera etapa, el proceso de planificación estratégica en Santa Fe tuvo tres falencias. La primera, desde su origen, en la falta de una visión crítica, teórica y operativa, de la estructura metodológica de la planificación global de la Ciudad. La segunda, la inexistencia de un procedimiento que respondiera en términos metodológicos a la formulación de un plan estratégico participativo. La tercera fue la definición de las estrategias de ordenamiento del crecimiento de la ciudad en relación con sus rasgos estructurales. La falta de un enfoque crítico - en parte, atribuible a carencias internas – determinó la persistencia de una visión de la Ciudad con limitaciones para asumir la complejidad socio–urbana desde un enfoque interdisciplinario que permita lograr la debida articulación entre el abordaje técnico y la participación comunitaria. La ausencia de un enfoque crítico sobre la planificación de la Ciudad estaba enlazada con la carencia de un proceso que respondiera, en lo conceptual y en lo metodológico, a las características de la planificación estratégica participativa. En consonancia con lo anterior, se mantuvo indefinida la escala territorial del campo de actuación de la planificación, así como el horizonte temporal para las acciones efectivas (programas y proyectos). Esto implicó la indefinición conceptual acerca de cuestiones centrales, tales como el rol que cumple la Ciudad en la región en la que se inserta (lo que implicaría también una definición conceptual de la región y de sus núcleos urbanos).

Algunos de estos aspectos podrían haber sido corregidos en la segunda etapa, cuando se formó un equipo técnico y se comenzó a implementar algunas acciones usuales de planificación estratégica, como la redacción de un Pre Diagnóstico y la organización de talleres participativos.[13] También allí se realizaron otros pasos destinados a dar contenidos participativos al Plan: entrevistas con referentes institucionales, cuestionarios a diversas organizaciones públicas y privadas, talleres temáticos y trabajo de gabinete para el procesamiento de la información. Como en otros casos, en el Documento Pre Diagnóstico se afirman las ventajas de la propuesta metodológica de participación y, a manera de grandes enunciados, se identifica al “nuevo rol del estado municipal” para “ubicarse en sintonía con estas nuevas demandas”.[14] Sin embargo, tal como fue dicho, esta etapa tampoco tuvo continuidad.

La tercera etapa prácticamente no tuvo otra actividad que la compaginación de la producción anterior del equipo técnico de las colaboraciones en el texto del Documento Diagnóstico “Santa Fe Siglo XXI” y su presentación oficial. De cualquier modo, se trasluce en él una cierta visión cercana a lo simplista sobre el fenómeno analizado, sin un enfoque más crítico y totalizador.[15]

En la actualidad, el Plan Estratégico de Santa Fe está suspendido en la práctica. No se desarrollan actividades ni se ha retomado la herramienta para rediscutir los rumbos de la ciudad, oportunidad reclamada desde varios sectores luego de la catástrofe de las inundaciones del río Salado. Las decisiones sobre la planificación de la Ciudad posteriores a la catástrofe – sin incursionar en la evaluación de sus méritos técnicos – no tomaron al Plan Estratégico como espacio de articulación de las visiones y demandas sociales acerca del espacio urbano, sino que se produjeron directa y centralizadamente desde la administración municipal. Por otro lado, no se han promovido consultas ni elaborado propuestas, ni se ha constituido al Consejo Promotor del Plan. Se trata de una estructura existente sólo en el papel, pero no como espacio concreto de planificación de la Ciudad.

A su vez, también es necesario registrar, como una limitación importante en todo el proceso del Plan Estratégico de Santa Fe, la inexistencia de un asesoramiento externo especializado, que aportara el necesario apoyo conceptual y metodológico.[16] Esta instancia de asesoramiento hubiera contribuido a establecer una mirada crítica sobre el proceso que, al mismo tiempo, sea sentida como imparcial por los actores involucrados. Sobre todo, si se considera que, finalmente, los técnicos y profesionales contratados no parecieran haber tenido injerencia real en las decisiones políticas sobre el transcurso del Plan.

Por esto, el elemento determinante a registrar es la ausencia de convicción de quienes impulsaron la iniciativa con el mismo proceso que habían promovido. Así, se dio prioridad a producir un “gesto”, una señal política “contemporánea”, pero sin apartarse de los paradigmas de la planificación tradicional, sin hacer efectiva la apertura de un debate que permitiera discutir en forma participativa aspectos de fondo tales como el desarrollo o las cuestiones ambientales. [17] La idea de que todo se remitía a una simple actualización o modificación de las normativas vigentes no logró develar las reales necesidades de los actores participantes invitados. Y el proceso fue marcado por la convocatoria a participar sólo para reafirmar planteos definidos en otros ámbitos.

Para los actores sociales externos a la política institucional, esto ha hecho perder legitimidad al proceso, profundizando las contradicciones entre valores y principios generales, por un lado, y las prácticas políticas y administrativas, por el otro.

Así, se puede afirmar que la parálisis actual del Plan Estratégico de Santa Fe responde a la escasa voluntad política, o la debilidad, para llevar adelante dos procesos: la construcción de un proceso de participación que involucre a los distintos actores sociales en la definición del desarrollo urbano de la Ciudad, y la reforma en la gestión urbana que trascienda al modelo burocrático–administrativo que, hasta el presente, caracteriza a la gestión de la Municipalidad de Santa Fe.

Fundamentos de la planificación estratégica retomados en Guadalupe Estratégico.

Los aspectos conceptuales de la planificación estratégica retomados en la experiencia de Guadalupe Estratégico se remiten, en especial, a la concepción de la planificación como acción de transformación y como acción colectiva fundada en valores, a los modos de construir el conocimiento en el proceso de planificación, y a la consideración del entorno de la acción como parte del diseño de la misma. Los tres aspectos están vinculados entre sí.

La concepción de la planificación como acción transformadora implica orientar el proceso hacia la definición de objetivos de transformación realizables en plazos racionales por el grupo que planifica. Al mismo tiempo, se reconocen a los objetivos como definidos por un conjunto de actores sociales, los cuales deberán elaborar su acción colectiva en pos de alcanzarlos. En este sentido, la planificación estratégica se convierte en participativa, pues depende, tanto para la definición de los objetivos de transformación como para las acciones que hagan posible realizarlos, de la capacidad grupal de reunirse alrededor de un conjunto de valores y visiones comunes sobre la realidad. Esto no es un proceso lineal, sino que implica un conjunto de aprendizajes conscientes alrededor de las diferencias y coincidencias que se ponen en juego en la acción colectiva.

Al mismo tiempo, se entiende que la definición de los objetivos de transformación estará en función de la evaluación que los actores hagan de la realidad, y que esta evaluación no contiene sólo elementos objetivos sino que, sobre todo, se realiza en base a elementos subjetivos: aspiraciones, experiencias, valoraciones y percepciones personales. Así, la construcción grupal de una visión sobre la realidad, sobre el entorno, tiene como base a un proceso inter–subjetivo. Esto termina por configurar una imagen de la situación que es compleja y determina la dificultad para recomponerla en términos asequibles por todos los actores que planifican. Por lo cual una evaluación hecha sólo desde la mirada de una o varias disciplinas científicas siempre contendrá “una faceta” de una realidad cuya percepción por parte de los actores que están inmersos en ella puede no ser coincidente y, en definitiva, derivar en la falta de identificación de esos actores con los objetivos propuestos para la planificación. Se trata, entonces, no de imponer una visión sobre otra, sino de articular el conocimiento científicamente producido con el conocimiento producido desde la sociedad. Para promover este proceso se estructuran los procedimientos y se desarrollan las técnicas de participación.

Al mismo tiempo, la concepción de la planificación como acción colectiva vinculada a los valores y a los procesos sociales de construcción del conocimiento define el rol de los técnicos externos como asistencia a un proceso en el cual son operadores participantes, pero que no dirigen. Por lo cual el proceso de planificación no descansa en el equipo técnico externo, sino en la capacidad y dinámica del grupo que asume la tarea.

Finalmente, la estrategia en la planificación implica también el reconocimiento del entorno en el que se quiere desarrollar la acción. Sobre todo, reconocer la existencia de actores externos, cuyos intereses pueden hacerlos posicionarse a favor o en contra de los objetivos propuestos. Esto significa que la acción estratégicamente delineada debe tener en cuenta la capacidad de incidir sobre el accionar de otros actores, o de ser afectado por éstos, lo cual requiere identificar los conflictos y coincidencias, a fin de definir acuerdos alrededor de objetivos y acciones, como también criterios para operar en condiciones adversas. Así, la acción estratégicamente delineada se basará en generar o ampliar las condiciones de gobernabilidad sobre los acontecimientos. Se entiende por gobernabilidad a la capacidad de ejercer una transformación deliberada, orientada y efectiva sobre una cosa o acontecimiento. La gobernabilidad es diferente para cada actor o grupo de actores sociales; y se dice que “están fuera de su ámbito de gobernabilidad” de los acontecimientos o cosas que no pueden ser afectados en forma deliberada por su acción. Por lo cual, la planificación estratégica da importancia a la acción, opositora o cooperadora, de otros actores sociales presentes en el entorno, y al ámbito de gobernabilidad del grupo que impulsa la planificación.

La cuestión de los valores como base de la acción colectiva.

En el caso de Guadalupe, se decidió enfatizar al inicio de las actividades, y como condición previa al proceso de planificación, el tratamiento y la reflexión acerca de los valores colectivos que fundamentarían la acción. Esto se debió a la reflexión que se produjo hacia dentro del equipo de asistencia técnica sobre la consistencia de algunas acciones de planificación participativa en las que se había participado.

Los valores pueden ser entendidos como las motivaciones profundas que inspiran tanto los objetivos, como la praxis institucional (la articulación de la práctica y el concepto). Son los que dan sustento a la organización.

Podemos definir al valor como aquello que nos permite, frente a una disyuntiva, considerar a una alternativa como mejor o más deseable que otra.[18] En términos operativos, el concepto de valor está relacionado directamente con la orientación hacia una opción entre un conjunto de alternativas. El valor, si bien es sustentado por individuos, debe entenderse como un elemento social e históricamente determinado: por la misma definición adoptada, el valor supone la referencia a un contexto en el cual cobra sentido. Por esta razón, podemos considerar que los valores no son necesariamente permanentes, aunque sí sean persistentes. Lo que significa que los valores, en términos sociales e históricos, no son inmutables, sino que tienden a persistir por largo tiempo.

Llegar a un acuerdo sobre los valores que van a fundamentar la acción colectiva es crucial para todo intento de encarar acciones conjuntas. Si la planificación no se basa en un acuerdo inicial sobre los valores que animan al grupo, habrá una gran dificultad para estructurar los objetivos a cumplir, y tanto éstos como las acciones que se definan pueden correr el riesgo de perder sentido para algunos o para el conjunto de los miembros del grupo, haciendo que todo el plan fracase y, en último término, poniendo en riesgo a toda la iniciativa.

La relevancia de los valores, en última instancia, reside en que los mismos definen los compromisos que asumirán los miembros del grupo y, en último término, determinan el rumbo de la iniciativa misma.

El tratamiento de los valores como base para la acción colectiva es una cuestión no siempre presente en las prácticas de planificación. Ni siquiera se encuentra a menudo en los procesos de planificación participativa a los cuales se ha hecho aquí referencia. Esto puede deberse, en principio, a dos razones. Una de ellas es el resabio de la centralización de la acción que comporta la presencia del Estado en los procesos de planificación participativa. En la mayor parte de los casos, la iniciativa estatal presupone la asunción de valores colectivos relacionados con el interés general. Esto no es así dado que el Estado expresa en sí mismo las relaciones de poder, hegemonías y conflictos que se dan al interior del colectivo social. Por lo cual los procesos de planificación estratégica participativa siempre expresan, en algún momento de su desarrollo, estas contradicciones de valores e intereses existentes en la sociedad; y su resolución no ha dejado de ser conflictiva.[19] La otra razón podría hallarse en las incomodidades políticas y metodológicas que implica discutir aspectos tan subjetivos y, al mismo tiempo, tan cruciales, en el ámbito colectivo de un plan estratégico, lo que requiere de tiempo, de reflexión y de capacidad de auto–cuestionamiento.

Aspectos del método.

El método de trabajo implementado en Guadalupe Estratégico ha retomado algunos elementos usuales de la planificación estratégica de ciudades, a saber:

- la división de la tarea de planificación en tres instancias o momentos, cada uno de ellos con aspectos particulares en sí: la elaboración de un diagnóstico sobre el territorio; la elaboración de la propuesta de acción, esto es, del plan; y la implementación o ejecución del plan;

- la articulación entre el conocimiento sistemático sobre el territorio con las visiones e interpretaciones que provienen de los distintos actores sociales;

- la instrumentación de instancias de convalidación pública de las acciones, como modo de resolver esa articulación hacia el interior del proceso de planeamiento;

- la organización de los trabajos alrededor de dos grupos pertenecientes a los actores que promueven la planificación estratégica participativa: un grupo coordinador y un equipo técnico, encargados de la elaboración e implementación del proceso de planificación;

- el carácter de asistencia técnica de la tarea del equipo externo, en este caso, la Universidad Nacional del Litoral.

A su vez, los distintos momentos del proceso de planificación participativa tienen diversas etapas, las cuales varían según los autores que sean consultados.

En la mayor parte de los casos, el momento “diagnóstico” parte de la elaboración de un documento de "pre–diagnóstico técnico” sobre el territorio, esto es, un documento que resume los aspectos relevantes e identifica y caracteriza las problemáticas particulares del territorio sobre el cual se pretende actuar. Este documento servirá de base para las acciones de convalidación pública y de elaboración de un “diagnóstico consensuado” o un “estado de situación”, esto es, un relato sobre el territorio que contenga tanto los aspectos definidos desde el conocimiento técnico, como las visiones que operan en el conjunto social que habita el territorio. La elaboración de ese documento “pre–diagnóstico” se deja a cargo del equipo técnico “local”, con asistencia del equipo técnico externo.

La elaboración de la propuesta tiene momentos analíticos y momentos propositivos. Básicamente, se trata de la definición de objetivos generales para el plan, de la definición de objetivos sectoriales, y de la determinación de estrategias para alcanzarlos, las cuales dan la forma final del plan, con sus programas y proyectos. En este proceso toma importancia la identificación de las potencialidades internas y del entorno, así como la elaboración de escenarios, como herramienta para prever los contextos futuros de la acción. Para todo esto se ha desarrollado un verdadero arsenal técnico que abarca desde la identificación y jerarquización de problemas y objetivos, hasta diversas modalidades de elaboración de escenarios, pasando por la (ahora famosa) matriz DAFO.[20] Por lo general, en relación a las ciudades, se ha tratado de estructurar las acciones alrededor de “ejes”, algunas veces organizados en función de objetivos – constituyendo programas – otras, alrededor de áreas temáticas (entre las más usuales: ambiente, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y reforma administrativa).

Finalmente, la implementación del Plan también tiene sus diversas etapas y componentes. La mayoría de ellas depende de la escala de los objetivos a alcanzar, de la posibilidad de hacerlo en el largo o en el corto plazo, de las tareas requeridas, de la necesidad de alcanzar objetivos intermedios que hagan posible alcanzar los objetivos más importantes y, last but not least, de la disponibilidad de recursos materiales y humanos.

Un aspecto relevante de la implementación lo constituye el monitoreo de la acción, lo cual permitirá que, en caso necesario, se pueda definir nuevamente el curso de las acciones. El sistema de monitoreo se define con anterioridad, pues está en directa relación con la estrategia definida y con los objetivos perseguidos.

La Asistencia Técnica en el proceso de Guadalupe Estratégico.

El trabajo con el grupo promotor tuvo tres objetivos iniciales: promover la organización del grupo, capacitar a sus integrantes en los fundamentos de la planificación y de la planificación participativa, y organizar las tareas previas al desarrollo de los talleres participativos.

Luego de esos talleres, el trabajo se centró en la elaboración de lo producido en los talleres en términos de propuestas, la organización grupal y el acompañamiento en las actividades promovidas por el grupo.

Importa aquí destacar que el método de trabajo elegido por la asistencia técnica no ha sido la imposición de un modelo organizacional, sino el apoyo conceptual en la auto–evaluación del grupo y en la definición de criterios y toma de decisiones con respecto a dicha cuestión.

Al inicio de las tareas, el grupo manifestaba la necesidad de darse un encuadre legal como paso necesario para su conformación. Así, una de sus preocupaciones era la obtención de una personería jurídica, la que se juzgaba como necesaria para promover articulaciones con otras instituciones, y se había avanzado en la elaboración de un estatuto interno.

Desde el principio, la observación de la asistencia técnica fue que la organización grupal precede, como proceso temporal, a la definición de su forma jurídica. La experiencia ha indicado que adelantar las estructuras jurídicas a los procesos de conformación grupal sólo consigue establecer espacios vaciados de contenidos sociales y participativos – los consabidos “sellos de goma”– que, en definitiva, terminan por convertirse en ámbitos de conflicto antes que de acción. Esto lleva rápidamente al fracaso de las iniciativas y a dejar una estela de instituciones, inexistentes en la práctica, con representaciones falsas de la sociedad civil.

Estas observaciones no fueron aceptadas por todos los miembros del grupo, pero el transcurrir de los acontecimientos mostró que no estaban alejadas de la previsión del proceso grupal. Los intentos de generar estatutos chocaron con la propia inconsistencia de las reglas propuestas cuando se las confrontaba con preguntas simples como “¿quién tiene derecho a constituir Guadalupe Estratégico?” o “¿cómo se tomarán las decisiones?”.[21] Fue en este proceso de discusión que el grupo asumió la necesidad de elaborar en el nivel interno los aspectos básicos – valores, identidad, misión, objetivos – antes de darse una estructura institucional determinada.

Una vez resuelta (aunque provisoriamente, para algunos integrantes) la dicotomía organización grupal–forma jurídica, se aconsejó al grupo adoptar la conformación interna de un equipo técnico – cuyas tareas ya venían siendo asumidas por tres estudiantes avanzados de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la FADU-UNL, quienes participaban de Guadalupe Estratégico desde el inicio– y de un grupo coordinador.

Luego de las acciones comunitarias posteriores a los talleres, y de las tareas asumidas en la emergencia hídrica, se ha hecho necesario reorganizar a Guadalupe Estratégico. Esto, en virtud de los cambios en la conformación grupal y en los roles asumidos por los integrantes, y por un estancamiento en el proceso de planificación producido por la dispersión de las acciones.

Esta dispersión en las acciones ha llevado a la asistencia técnica a insistir en la necesidad de afianzar los mecanismos internos, generando instancias orgánicas de información y decisión. Así, se propuso definir un grupo coordinador integrado por los participantes más respetados por el grupo y por la comunidad que, a su vez, tuvieran el mayor compromiso con la iniciativa. Esto, como paso previo a la reanudación de las actividades, que suponen la continuidad en la definición participativa de los objetivos y acciones a implementar. Al momento de la elaboración de este trabajo, se han definido los integrantes de este grupo coordinador, y éste está elaborando un plan de trabajo para el resto del año.

La experiencia de Guadalupe Estratégico.

Comenzando por una breve caracterización del Barrio Guadalupe, a modo de contexto territorial concreto, se abordan ahora los aspectos relacionados con la conformación de Guadalupe Estratégico y con el camino transitado por el Grupo Promotor. Se pretende registrar y comprender los procesos grupales construidos alrededor de las demandas, ideas y propuestas de transformación en el contexto comunitario. Se retoman conceptos de la psicología social de Enrique Pichon–Riviére a fin de encuadrar la visión de las dinámicas grupales, tanto en relación a los roles de los miembros del grupo como a las distintas etapas en el desarrollo del mismo.

Características actuales del Barrio Guadalupe[22]

El barrio de Guadalupe se localiza en la zona Norte-Noreste de la Ciudad de Santa Fe. Abarca alrededor de 11,7 Km2 de los 467 Km2 del Municipio y, según datos del IPEC, en el año 1991 tenía alrededor de 29.250 habitantes, que representaban el 8,4% de los casi 350.000 habitantes de la ciudad. [23]

La estructura social de Guadalupe estuvo históricamente identificada con los sectores medios y altos de la ciudad. Sin embargo, en la actualidad representa a un conjunto heterogéneo tanto en sus aspectos socio-cultural como físico, abarcando una gran parte de la ciudad con sectores muy consolidados y otros en formación.

Los primeros son representados por los barrios que anidaron a clases trabajadoras y a los sectores medios y profesionales – localizados al centro y hacia el oeste del área considerada y que son los sectores sobre los cuales recae el peso de los ajustes estructurales y el cambio del modelo de producción en las dos últimas décadas, son los que se constituyen en sectores medios en transición, parte hacia el empobrecimiento, parte hacia los sectores más beneficiados. Este sector básicamente está constituido por profesionales, docentes, Pequeños y medianos empresarios, comerciantes.

También se destaca la consolidación de un enclave con un sector de altos ingresos que se ubica especialmente en el borde costero Noroeste, que si bien minoritario ha tenido históricamente un fuerte peso en la identidad barrial.

Al Norte de Guadalupe, crecen asentamientos de personas que podemos nombrar como “pobres estructurales”, excluidos del mercado de trabajo, de muy baja calificación o de suma precariedad, beneficiarios preferenciales de programas o políticas sociales de neto corte clientelar y asistencialista. Estos grupos ocupan áreas de fuerte deterioro ambiental, desprovistas de servicios e infraestructuras urbanas.[24]

El origen de Guadalupe Estratégico.

“Seis manzanas de Guadalupe lindantes al ferrocarril se anegaban; el problema generó inquietud entre los damnificados que, más allá de los reclamos, captaron el interés de organizaciones e instituciones barriales. Surgió, a partir de este problema casi doméstico – aunque no por eso menos grave – el interés por considerar al barrio de una manera más integral y, por qué no, apostar a su revalorización y transformación.” Así relata, con toda rigurosidad, la edición del domingo 24 de noviembre de 2002 del diario El Litoral los primeros pasos de Guadalupe Estratégico.

Ese interés por transformar al Barrio de modo integral impulsó la necesidad de proponer un proyecto que abarcara a todo Guadalupe y que apuntara a mejorar la calidad de vida. En un principio, este proyecto tuvo un carácter urbanístico, generado por la propuesta de tres estudiantes avanzados de la Carrera de Arquitectura de la FADU-UNL, quienes devendrían en el “equipo técnico” de la iniciativa. Luego, debido al interés y a la voluntad de participación de vecinos e instituciones barriales, se fue ampliando el universo de necesidades e intereses, y construyéndose la idea de trabajar colectivamente, desde una perspectiva más integral y abarcadora, que contemplara los distintos aspectos de la comunidad – ya no sólo urbanísticos, sino también sociales, económicos, institucionales, turísticos y ambientales.

Por influencia de los estudiantes y de uno de los promotores – quien, a la postre, asumiría el rol del liderazgo grupal – el grupo tomó la idea de desarrollar un plan estratégico, al punto de incorporarla para nombrarse a sí mismo como Guadalupe Estratégico

Para sustentar técnicamente esa iniciativa, y por solicitud de los estudiantes, Guadalupe Estratégico buscó la asistencia técnica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Así, se formó un equipo compuesto por tres docentes, al cual se integraron los estudiantes que ya estaban participando de la iniciativa, y se acordó enmarcar a la asistencia técnica en un Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS). El acuerdo incluyó la participación de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe la cual, al poco tiempo, devino en simbólica. [25]

A pesar de que la iniciativa contó nominalmente con el apoyo de la Municipalidad, y que se esperaba la participación activa de ésta en el proceso, el Municipio se ha mantenido al margen. Es así que, hasta el presente, la experiencia se sustenta por completo en la tarea comunitaria, sin asistencia gubernamental, lo cual constituye su carácter particular como proceso de planificación urbana.

Los objetivos que inspiran la experiencia de Guadalupe Estratégico son :

- Identificar y movilizar actores sociales comunitarios : ligados a la toma de decisiones político–institucionales; técnicos y profesionales (asistencia técnica);los actores barriales que aporten al desarrollo local.

- Consensuar acciones para el corto y mediano plazo que respondan a un proyecto integral para Guadalupe.

- Concertar intereses de actores diversos (públicos, privados y ciudadanos)

- Conformar una estructura organizativa, que garantice la articulación, coordinación de las acciones y la búsqueda de recursos tanto institucionales como económicos, que permita dar respuesta a necesidades e intereses consensuados en el marco de un desarrollo integral , inclusivo y sustentable.[26]

La Organización de Guadalupe Estratégico.

La organización del grupo de Guadalupe Estratégico es un proceso que está en curso. Hasta el momento, pueden definirse tres períodos en el proceso de organización grupal: el de conformación, desde la reunión de los primeros vecinos hasta la realización de los talleres públicos; el de afirmación, desde los talleres públicos hasta el fin de la emergencia hídrica en Santa Fe; y el de organización, que transcurre en la actualidad.

El proceso de conformación grupal se ha dado en paralelo al desarrollo de las tareas, como era de esperarse. En esto han tenido, naturalmente, incidencia las variaciones en la composición dadas por el alejamiento de algunos miembros del grupo inicial, y por la llegada de otros. Pero, en términos temporales, la afirmación de un grupo estable compuesto por alrededor de diez personas se hizo en paralelo al desarrollo de los talleres públicos participativos, durante el 2002.

Al principio, los roles y las tareas, así como los enfoques, no estaban establecidos o acordados. Esto trajo la necesidad de definirlos, especialmente después de la realización de los talleres públicos, a partir de los cuales Guadalupe Estratégico pasaba a tener entidad en el cuadro de organizaciones barriales.

Esta entidad adquirida en los talleres impulsó al grupo a establecer definiciones de roles, así como a relacionarse con otras organizaciones barriales y a tomar protagonismo en iniciativas comunitarias. La definición de roles estableció una figura de referencia, que representa a Guadalupe Estratégico hacia fuera, así como otros dos integrantes que asumieron también la representación grupal hacia la comunidad, pero dentro de un “perfil” personal más atenuado. La definición de estos roles fue, además, apurada por una serie de reportajes y apariciones públicas que los tuvieron como objeto que provocó la necesidad interna de representación en una figura que tuviera consenso, y externa, de establecer un discurso unificado hacia la comunidad.

Aspectos conceptuales de la conformación de grupos de trabajo.

Un grupo está constituido por un conjunto restringido de personas que interactúan compartiendo un espacio físico y temporal determinado. A través de la internalización recíproca se proponen, explícita o implícitamente, realizar una tarea. Es durante la este proceso que se produce un dinámico inter–juego de roles y la construcción de un “nosotros”. “La internalización recíproca o la mutua representación interna – sostiene Pichon–Riviére – es uno de los organizadores del grupo como estructura; deviene en un rasgo esencial y constitutivo del grupo, es un elemento instituyente del grupo, le otorga a esa multiplicidad de sujetos una unidad, una coherencia interna y una interdependencia, como rasgos característicos de toda estructura o sistema”.[27]

Así es como cada integrante que participa de una situación determinada, reconstruye dentro de sí (intra–subjetivamente) esa situación y empieza a encontrarse con el otro como objeto, como modelo o rival. Por cierto, esta dinámica interaccional es un proceso y tiene sus momentos de evolución y enriquecimiento, en relación con aprendizajes colectivos, intercambios y actitudes cooperantes; así como también atraviesa momentos de crisis, apatía e inmovilización.

Para que esta mutua representación interna se vaya construyendo, internalizando, es fundamental la tarea grupal como elemento ordenador, ya que implica que el grupo está habilitado para desarrollar proyectos, lo que consiste en la capacidad de planificación, de determinación de objetivos para el mediano plazo. Pero también hace explícitos los valores y da lugar a la generación de respuestas creativas, tanto a las necesidades e intereses compartidos por el grupo, como a las demandas de la comunidad.

Otro aspecto importante en el análisis de la dinámica grupal son los roles que los miembros desempeñan, como el aporte u obstáculo de los mismos a la construcción de una identidad colectiva. También, los aprendizajes que se van generando a partir del inter–juego, como la capacidad del grupo de ir diseñando espacios de articulación, en la dinámica interna y en su relación con el contexto a través de redes de cooperación y de intercambios.

El proceso Grupal de Guadalupe Estratégico.

Guadalupe Estratégico está constituido por un conjunto de personas con experiencia asociativa: desde político–partidarias y vecinalistas, hasta religiosas y de promoción social. Sus integrantes, todos ellos de clase media, están en una franja de edades que va desde los 40 a los 60 años. En su mayoría, participan activamente en instituciones con fuerte presencia en el Barrio, las cuales actúan como sus grupos de referencia[28]. Dentro de Guadalupe Estratégico, a su vez, asumen diversos roles, acorde a sus experiencias, capacidades y al reconocimiento social con el que cada uno cuenta que, en general, es anterior a la conformación de Guadalupe Estratégico.

En el grupo promotor de Guadalupe Estratégico participan representantes de algunas vecinales barriales – Central Guadalupe, Guadalupe Este, Coronel Dorrego – las cuales, a su vez, refieren a los distintos sectores sociales que fueron descriptos anteriormente.[29]

Siguiendo a Pichon–Riviére, en el inter–juego de roles algunos se destacan a modo de prototípicos: la figura del líder, la del portavoz y la del saboteador. Estos roles son más bien funcionales y no son fijos ya que, cuando llegan a estereotiparse, impiden el crecimiento y maduración del grupo.

El líder es aquel en el que se depositan los aspectos positivos de la tarea, como también se le reconocen aptitudes personales en relación a su representatividad social en el contexto, como a su experiencia anterior a la conformación del grupo.

El portavoz es quien, en un momento determinado, enuncia y denuncia el acontecer grupal. Es el que, a partir de una sensibilidad muy especial, se moviliza y se siente movilizado por los demás integrantes. Goza de un gran reconocimiento social y trabaja permanentemente por el entendimiento y la integración grupal.

El saboteador es quien, consciente o inconscientemente, asume el liderazgo de resistencia al cambio, se encarga de oponerse, obstruir proyectos, decisiones, ideas, a veces de una manera disimulada.

Uno de los miembros de Guadalupe Estratégico, como es de esperarse, juega un rol de liderazgo importante tanto en el nivel de la dinámica interna, como en relación a la presencia en la comunidad y en los medios locales de comunicación masiva. El sentido del término “liderazgo” se relaciona aquí con las situaciones, tareas y responsabilidades que se van asumiendo en las distintas instancias del acontecer grupal. Como éstos van rotando, y si bien en uno de los miembros se deposita la representación formal de Guadalupe Estratégico, emerge la presencia de figuras que, a la vez, inspiran confianza y reconocimiento grupal, ya sea por su participación en el grupo, sus aportes a la hora de reflexionar sobre valores o por las acciones que en nombre del grupo despliegan.

Otro miembro oficia generalmente como portavoz, y sus aportes al proceso grupal promueven la construcción de lazos de pertenencia, lo cual enriquece la identidad colectiva y el sentido del “nosotros” por sobre las diferencias individuales.

Cabe remarcar el itinerario de uno de sus miembros, el que pragmáticamente ha ido asumiendo lo que Pichon–Riviére llama “la adaptación activa a la realidad”[30] expresando, muchas veces a través de sus prácticas, algunos conceptos y valores que son declamados discursivamente: convivir con las diferencias, promover instancias participativas, asumir responsabilidades mediante mecanismos de negociación y consenso con sus pares (en referencia a la institución que representa).

En Guadalupe Estratégico se observa también el rol del “saboteador”, que se vale de argumentos que, en general, dejan al grupo sin posibilidad de impugnación. Si bien desde lo discursivo los miembros depositan en él aspectos negativos ya que generalmente desacuerda o levanta críticas sobre los mecanismos de funcionamiento del grupo, sobre su falta de organización, entre otros aspectos. Sin embargo, constituye una figura cuya presencia – más allá de sus ausencias, ya que su participación es fluctuante – opera en el imaginario grupal.

Es dable destacar que algunos de los desacuerdos del “saboteador” tienen que ver con un aspecto que el grupo aún no termina de instrumentar: la organización interna con una distribución específica de roles y tareas, y la conformación de mecanismos orgánicos de decisión para la priorización de tareas, la distribución de responsabilidades compartidas y la definición de cuestiones tales como, pro ejemplo, participar o no en situaciones comunitarias en las cuales se reclama la presencia de Guadalupe Estratégico. Esta carencia configura una contradicción ya que, al mismo tiempo, el grupo ha dado muestras de poder de convocatoria y de capacidad de trabajo en conjunto con otras organizaciones en la asistencia comunitaria durante la emergencia hídrica,[31] al participar activamente en la Junta de Seguridad de Guadalupe,[32] y al promover la pre–clasificación de residuos en el Barrio, entre otras actividades.

También existen en el grupo promotor algunos miembros que acompañan distintos cursos de acción y a veces constituyen díadas o tríadas, de acuerdo a la situación que se enfrente, contando con su presencia en los momentos que se decide llevar adelante acciones colectivas.

A su vez, ya que la mayoría de estos actores proviene de organizaciones de diverso tipo, también existe una conciencia acerca de que la fase organizativa de todo grupo implica acordar, evaluar experiencias y comportamientos de cada uno de los integrantes, poder tomar distancia de actitudes personales en relación a las experiencias que cada uno trae, enfrentarse con los problemas.[33] Así, es posible que la dificultad en consolidar un mecanismo de organización interna pueda responder al temor a formalizar liderazgos, y a hacer explícitos los conflictos de poder que en todo grupo humano existen; poniéndose en juego la toma de decisiones sobre acuerdos previos.

El proceso de planificación en Guadalupe Estratégico.

El proceso de planificación en Guadalupe Estratégico está en desarrollo, por lo cual los resultados aquí expuestos representan un momento de ese desarrollo. En esto, es necesario remarcar una vez más que el papel definido para la asistencia técnica no es conducir y llevar adelante los procesos de organización del grupo y de planificación estratégica, sino operar como orientación y guía teórico–metodológica.

Capacitación y acciones preparatorias.

Las acciones de capacitación del grupo promotor han estado orientadas a contribuir a la elaboración de los contenidos de las distintas etapas del proceso de planificación. Esta capacitación se ha implementado a través de la provisión de material teórico e informativo, así como de seminarios internos.

Sin embargo, en términos generales se ha tratado de colocar a la capacitación del grupo no como una actividad estrictamente separada del trabajo de organización grupal y de planificación, sino integrada al mismo. Así, se han aprovechado a las reuniones de trabajo y a las actividades para promover la reflexión y aportar conceptos que ayuden a comprender y encuadrar los acontecimientos y las situaciones.

Esto se fundamenta en el hecho de que se trabaja con personas que, en su mayoría, no tiene formación técnica específica ni, por otro lado, dedicación exclusiva a la iniciativa. Se trata, entonces, de modalizar un proceso de capacitación a las condiciones concretas de los actores sociales.

La elaboración del “Pre Diagnóstico”.

En este caso, existían documentos previos elaborados por los estudiantes avanzados de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la FADU-UNL. Sobre ese material se centró la asistencia técnica para la elaboración del “pre–diagnóstico”, a fin de que se trate de un documento que contenga rigurosidad en la información y sea accesible en su expresión, a fines de facilitar su divulgación entre los vecinos. Este documento se llama “Documento de Trabajo: Pre Diagnóstico del Barrio Guadalupe” (CAVALLERO et al., 2002).

La participación comunitaria y la convalidación de las acciones.

En Guadalupe Estratégico se ha asignado un rol central a dos instancias de convalidación y elaboración de las acciones: la instancia del grupo promotor inicial y la instancia comunitaria.

La instancia de participación comunitaria estuvo centrada, hasta el momento, en el desarrollo de talleres públicos participativos. Estos talleres se organizaron alrededor de cuatro grupos temáticos referentes a diferentes dimensiones de la realidad barrial: institucional, urbano-ambiental, social-cultural y económico-productivo. Se desarrollaron los tres primeros talleres, en dos jornadas de trabajo cada uno, durante los meses de octubre y noviembre de 2002. El último taller fue postergado, dado que la fecha de realización coincidió con otras actividades barriales e institucionales – como las celebraciones de fin de año escolares – que terminaron restándole asistencia. Luego, el período estival, la etapa de reorganización grupal y la emergencia por las inundaciones del río Salado han vuelto a postergar la realización de esta actividad.

Sin embargo, en los tres talleres desarrollados, la asistencia de la comunidad fue notoria[34], especialmente en el taller en el que se trataron los aspectos urbano-ambientales.

Al mismo tiempo, se debe registrar, no como dato menor, que la casi totalidad de la asistencia a los talleres fue compuesta por sectores medios. Los representantes de sectores sociales pobres del Barrio tuvieron pocas o puntuales participaciones.[35]

El trabajo en taller se basó en las técnicas de tormenta de ideas – a partir de consignas propuestas como modo de organizar los contenidos – y del uso de tarjetas de visualización, como método de normalización de la participación individual.

Los aspectos tratados en los talleres fueron cuatro:

- los valores comunitarios que sustenten la acción colectiva;

- los anhelos y aspiraciones con respecto al futuro barrial;

- la identificación de los problemas actuales en orden a ese futuro;

- la formulación de ideas de posibles acciones a implementar para superar esos problemas y alcanzar el futuro deseado.

Estos elementos tuvieron su tratamiento específico en los talleres, pero también fueron retomados en el trabajo con el grupo promotor y el equipo técnico.

La discusión sobre los valores comunitarios.

El tratamiento de los valores comunitarios y el acuerdo alrededor de los mismos fue desarrollado en los dos primeros talleres, con estrategias diferentes de implementación.

En primer lugar, en ambos talleres se presentó la importancia de la discusión de los valores para el proceso de planificación participativa, lo cual fue bien recibido por los asistentes.

En el primer taller, en el que hubo una asistencia moderada, se expusieron paneles con afirmaciones que contenían referencia a valores personales y comunitarios. Se pidió a los asistentes que los leyeran detenidamente y que reflexionaran acerca de si esas afirmaciones los representaban. Luego, se pidió que cada asistente escribiera en su tarjeta un valor que creyera fundamental para encarar un proceso de transformación de Guadalupe, y un compromiso derivado de ese valor.

En el segundo taller, se pidió a los asistentes que eligieran a un integrante de un hipotético gabinete municipal de una lista que contenía doce diferentes “candidatos”, los cuales sugerían diferentes valores y compromisos, algunos deseables en términos colectivos, otros, no, y otros cuya determinación dependía claramente de la posición ideológica del participante. La mención del “candidato” debía acompañarse de la razón por la cual se lo elegía.

En el primer taller, las referencias giraron alrededor de valores tradicionales y, de algún modo, previsibles: “trabajo mancomunado”, “responsabilidad”, “bien común”, “solidaridad”, “decencia”. En el segundo taller, el de mayor asistencia entre los realizados hasta aquí, las preferencias se centraron en los “candidatos” que representaban valores relacionados con la honestidad, y cualidades como la formación técnica, el conocimiento barrial y la juventud.[36]

La imagen del Barrio hacia el futuro.

En los tres talleres se solicitó a los asistentes que expresaran por escrito sus aspiraciones y anhelos con respecto al futuro barrial. Además de las expresiones de deseo relacionadas con las mejoras de la calidad de vida y con la afirmación de la solidaridad comunitaria, fue definiéndose, a medida que transcurrieron los talleres, una contradicción entre las posiciones de quienes planteaban un futuro barrial basado en valores de equidad e integración social y quienes reafirmaban la necesidad de recuperar aspectos del Barrio que se habían perdido: participación, seguridad, cultura.

Fue alrededor de la discusión sobre la seguridad, tanto en la formulación de la imagen futura como en la identificación de los problemas actuales, que se comenzó a configurar esta contradicción, la cual está relacionada con la percepción de que Guadalupe ha cambiado su configuración social por la localización de población pobre. Así, se fue planteando un debate que remitía nuevamente a la cuestión de los valores, como definía diversos modos – no siempre coincidentes – de identificar las problemáticas barriales y sus posibles soluciones.

La imagen deseada del Barrio Guadalupe definida por los asistentes a los talleres involucra tanto la recuperación de valores ambientales, como la voluntad de reinserción dentro de la ciudad a partir de la integración social y del aprovechamiento de esos valores, los cuales se relacionan con la identidad barrial y con sus características urbanas. Así, la imagen futura de Guadalupe se conforma no como una simple añoranza del pasado, sino como un deseo de revalorización de aquellos elementos que han distinguido al Barrio: la integración social, los espacios públicos con sus significados sociales, la relación privilegiada con la Laguna, la calidad de vida residencial. Puede afirmarse que en los talleres no surgieron anhelos sobre el Barrio que no mantuvieran el enfoque centrado en el carácter de “lugar de residencia” que ha tenido tradicionalmente dentro de la Ciudad.

La identificación de los problemas barriales.

De acuerdo a la producción de los talleres, Guadalupe es percibido por quienes lo habitan como un espacio contradictorio. Por un lado, continúa manteniendo en gran parte una calidad de vida que lo hace atractivo como locación residencial, así como valores relacionados con la vida comunitaria. Al mismo tiempo, se percibe que ha perdido valores ambientales – la playa, la tranquilidad – y que presenta amenazas concretas, entre las más sentidas, la seguridad.

Esto fue evidente en la formulación de la imagen de los participantes con respecto a la composición socioeconómica actual del Barrio: en un ejercicio específico planteado en el tercer taller,[37] con algunas variantes, la imagen general fue la de un crecimiento de los sectores nuevos pobres y de una representación similar entre los sectores altos y los pobres estructurales. A pesar de que no tiene rigurosidad estadística (la que, por otra parte, no era objeto del ejercicio), esta percepción implica una ruptura con la tradicional imagen de Guadalupe como reducto de los sectores medios y altos de la Ciudad.

Así, tal cual fue planteado, la percepción de algunos problemas – basura, inseguridad – fue directamente relacionada con esta nueva imagen social del Barrio. Sin embargo, también debe registrarse que tanto los grupos que plantearon posturas extremas de estigmatización de la pobreza (“los de aquel barrio son todos delincuentes”), como los que plantearon actitudes de integración, remarcaron que esos problemas son reales.

Entre los problemas identificados que se relacionan con la calidad de vida barrial se destacan dos grupos. Por un lado, los relativos a la infraestructura de servicios públicos y de equipamientos comunitarios, que tienen carencias en varios sectores del Barrio (como también en el resto de la Ciudad). Por otro lado, los que corresponden a espacios y aspectos del Barrio que han sido descuidados y que, incluso, representan un potencial perdido: la degradación de las playas y de los espacios abiertos, el descuido de los circuitos turísticos, la proliferación de basurales, la pérdida de forestación, entre otros.

Otro grupo de problemas fue identificado en relación con las dimensiones institucionales y sociales. Así, en los talleres se hizo énfasis en la dispersión de esfuerzos de las instituciones, en el debilitamiento de los lazos familiares y comunitarios, así como también en la ausencia de renovación de las instituciones barriales (lo cual fue alternativamente adjudicado tanto a las propias dirigencias comunitarias como a la falta de envolvimiento por parte de los vecinos). Con respecto a las cuestiones que se relacionan con las instituciones estatales, se señaló desde la inacción estatal hasta la connivencia policial en la raíz de muchos de los problemas antes mencionados.

Las ideas de acción.

Uno de los roles de la asistencia técnica en la elaboración de ideas de acción fue remarcar la necesidad de definir acciones de transformación concretas antes que acciones de reivindicación o demanda ante las autoridades.

Desde el primer taller, los participantes definieron dos características de las soluciones pensadas para el Barrio: serían provenientes de la comunidad barrial y deberían constituir respuestas institucionales. Así, la primer y más importante acción definida por los participantes de los talleres fue la necesidad de constituir una red que articulara las distintas organizaciones comunitarias que actúan en el Barrio. Se reconoció la fortaleza de la existencia de esta capacidad asociativa, pero también la debilidad de la gran dispersión provocada por su multiplicidad y, eventualmente, su enemistad.

Otras iniciativas formuladas fueron en relación a la recuperación de la relación del Barrio con la Laguna – especialmente de la recuperación de las playas como valor recreativo y turístico – al tratamiento de la basura y a la inseguridad, estos dos problemas definidos como importantes a lo largo de los talleres.

Finalmente, también se propusieron acciones relativas a aspectos educacionales, de salud, y culturales, así como una variedad de propuestas sobre mejoras en la provisión de servicios, en el equipamiento público y en la calidad de los aspectos urbanísticos del Barrio.

Guadalupe Estratégico y la construcción de ciudadanía.

Para reflexionar acerca del aporte de la experiencia de Guadalupe Estratégico a la construcción de ciudadanía, en tanto proceso de planificación participativa, es necesario establecer un marco conceptual de referencia. Se trata de una temática amplia, sobre la que se deberá seguir profundizando, ya que las reflexiones que aquí se exponen no pretenden agotar su problematización.

El siglo XX estuvo signado por la conciencia creciente sobre los derechos ciudadanos de segunda generación: los derechos sociales. “La Ciudadanía social evoca aspectos de las tres grandes tradiciones de la teoría política: las preocupaciones liberales en torno a los derechos y el respeto; las normas comunitarias de solidaridad y responsabilidad compartida y los ideales republicanos de participación en la vida pública a través del uso de bienes y servicios públicos”.[38] Sin embargo, es en el campo político adonde se define el avance o el retroceso del proceso de construcción de la ciudadanía.

Al mismo tiempo, pensar en la ciudadanía lleva a identificar dos nudos temáticos que la atraviesan: por un lado, la pobreza creciente, la exclusión en todas sus manifestaciones, que aparecen como violaciones profundas que obturan el ejercicio cotidiano de los derechos sociales y que afectan al sistema democrático; por otro lado, la progresiva pérdida de legitimidad del Estado y de las instituciones asociadas al mismo.

Guadalupe Estratégico aparece, potencialmente, como una arena posible desde donde construir ciudadanía junto a otras organizaciones de la Sociedad Civil que intervienen en el contexto barrial: vecinales, clubes, organizaciones que surgieron en la crisis de diciembre de 2001. A su vez, este entramado asociativo es heterogéneo, responde a distintas perspectivas ideológicas, con prácticas diferentes. Pero también ha evidenciado su capacidad de nuclearse en torno a tareas o situaciones concretas y puntuales: la seguridad barrial, el proyecto de pre-clasificación de residuos que ha permitido nuclear a un conjunto importante de establecimientos educativos, la construcción de un centro de Salud gerenciado por la Asamblea de Guadalupe, la organización del Centro de auto–evacuados en el que participaron una diversidad importante de organizaciones.

Estas experiencias ponen en relación “los conceptos de cooperación y reciprocidad como dimensiones elementales de un esquema social común… que posibilite entender que no hay salvación de a uno y que la salida de los otros es condición necesaria para la realización personal”.[39] Esto, a su vez, remite al concepto del capital social, útil para esta reflexión.

La cuestión del capital social.

En los últimos años, el concepto de capital social ha tomado relevancia entre analistas, operadores de campo e investigadores, relacionado con el mejoramiento de la eficacia de las políticas sociales, la reducción de la pobreza, y la construcción de poder para producir transformaciones efectivas desde la sociedad civil. En este sentido, se da un variado abanico de definiciones y matices respecto del concepto mismo y de sus aplicaciones.

En un estudio realizado por la CEPAL (2000), donde consta el estado del arte sobre la materia, se concluye que pueden identificarse dos dimensiones o ejes desde los que se puede analizar el concepto de capital social. Por un lado, el capital social como capacidad específica de movilización de ciertos recursos por parte de un grupo, a la que articulan las nociones de liderazgo y construcción de poder desde la sociedad civil.[40] Por otro lado, la dimensión del capital social como la disponibilidad de redes de relaciones sociales; esto involucra a la asociatividad y al carácter horizontal o vertical de las redes (lo que a su vez, remite a una tipología de redes al interior de un grupo o comunidad), a las relaciones entre grupos o comunidades similares, y a las redes de relaciones externas, que dan cuenta del posicionamiento social y del reconocimiento del grupo en el contexto donde opera.

De allí que capital social dé cuenta, entonces, de la capacidad de un grupo de movilizar recursos en beneficio del conjunto, como también de movilizar los recursos asociativos que radican en las distintas redes a las que tienen acceso los miembros del grupo en cuestión.

En este sentido, Guadalupe Estratégico tiene esa capacidad, tanto en relación a movilizar recursos, ya que ha demostrado un protagonismo importante en cuanto a su poder de convocatoria en el tratamiento de temas que responden a necesidades e intereses sentidos por la comunidad (seguridad, preclasificación de residuos, organización del centro para auto–evacuados, presentación del proyecto para la recuperación de Playa Norte, obtención de los terrenos del Vialidad Nacional en comodato), como así también de participar junto a otras organizaciones comunitarias en una estrategia asociativa.

La presencia de Guadalupe Estratégico en los medios de comunicación también ha sido importante, y lo ha puesto a circular entre diversos grupos y sectores sociales. No es raro ver citada la experiencia como Sin embargo, aún queda por construir un aspecto fundamental que hace a la construcción de poder desde la sociedad civil, en términos de tener influencias sobre quienes toman las decisiones políticas, especial y particularmente en relación con el gobierno local.

Recuperando el rol del Estado.

Ahora bien, en el marco de la pérdida de legitimidad del Estado y de sus instituciones, y de su abandono de las responsabilidades básicas que le competen con respecto al colectivo social, la construcción de este poder desde la sociedad, de procesos participativos y de redes sociales puede concebirse erróneamente: siendo funcional a la intención neo–conservadora de reducir la injerencia del Estado – y de la acción política misma – en la esfera económica para la creación de condiciones sociales equitativas; o pretendiendo reemplazar al Estado con la pura actividad de las organizaciones sociales.

En realidad, se trata aquí de construir ciudadanía como poder social en términos de capacidad real de hacer que el Estado recupere los roles redistributivos y compensatorios que abandonó, los roles de representación y resguardo de los intereses colectivos.

Al mismo tiempo, si bien en las últimas décadas se revaloriza la idea de la Sociedad Civil, como actor que participa activamente en el espacio público, ésta resulta una condición necesaria pero no suficiente para generar mecanismos que garanticen la participación ciudadana en la gestión de los procesos asociados, y de articulación público–privado.

Por esto, se considera aquí fundamental la incorporación del Estado local al proceso de Guadalupe Estratégico. Sin embargo, el Gobierno Local presenta en este momento una gran debilidad en términos de gobernabilidad y de representación. Su ausencia en el acompañamiento de estos procesos hace que la decisión política de acompañarlos aparezca como remota ante los actores involucrados, y aumenta el extrañamiento de los mismos con el Estado local.

El problema de la gobernabilidad en Guadalupe Estratégico

La gobernabilidad sobre la ciudad, sobre el espacio urbano, está definida de antemano para el Estado local, y a ello se destinan tanto la jurisdicción legal como el aparato administrativo destinados a la gestión urbana. Esto es así porque, al menos en teoría, el Estado representa el interés del colectivo social. Por lo cual los demás actores que no son el Estado y que quieran incidir sobre el medio urbano deberán construir su gobernabilidad sobre éste.

En el caso de la empresa capitalista, esto está garantizado por el sistema de propiedad privada, empero, sometido a regulaciones y no exento de conflictos en su proceso de realización.

En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, los caminos de resolución han llevado a la construcción paulatina de capacidad de gestión en las iniciativas. Esto depende de varios factores, entre los que se destacan la capacidad de generar y organizar los recursos materiales – en especial, económicos y financieros – y humanos, como de sostener acciones en el tiempo. En esto cobra importancia la cuestión de la definición del grupo como conjunto orgánico, lo cual vincula la capacidad organizativa y de acción transformadora del grupo con su identidad. Así, en las organizaciones de la sociedad civil ambos procesos, conformación de la identidad y de la capacidad de gestión, aparecen como íntimamente vinculados a la acción concreta. También ha sido así en la experiencia de Guadalupe Estratégico.

La ausencia del Municipio marca limitaciones concretas a las posibilidades reales de transformación que pueda contener la iniciativa. Si bien se considera fundamental el fortalecimiento de la Sociedad Civil a través de la participación asociativa, la presencia de un Estado local activo que garantice la toma de decisiones políticas se considera imprescindible para llevar adelante procesos de desarrollo sustentable.

Esto está ligado a su vez, a otro aspecto sustantivo de la planificación estratégica participativa, ya que su implementación lleva necesariamente a plantear e instrumentar la construcción de modelos de gestión asociada sobre el espacio urbano donde puedan establecerse con claridad los roles y funciones de los diferentes actores involucrados, y en donde haya instancias de resolución de los conflictos que, sin dudas, existen entre esos actores.

Conclusiones.

Más allá de los aspectos relacionados con los aspectos grupales y comunitarios de Guadalupe Estratégico, la intención del presente trabajo es reflexionar sobre la capacidad de esta experiencia de aportar a la construcción de ciudadanía en el marco de un proceso muy particular de planificación estratégica.

El concepto de campo, tal como fuera elaborado por Pierre Bourdieu, esto es, como el espacio donde se juegan relaciones de fuerza entre posiciones sociales, resulta ilustrativo para replantear el interrogante acerca de en qué medida será posible pensar que Guadalupe Estratégico tendrá la capacidad de garantizar un “quantum” suficiente de fuerza social, o de capital social, que le permita consolidarse en el tiempo como grupo de presión, junto a otras organizaciones que participan en el mismo campo (vecinales, asamblea, manzaneras solidarias, por nombrar algunas).

Este aspecto resulta sustantivo, ya que sobre esta debilidad se ha visualizado la escasa sustentabilidad de las variadas experiencias de procesos de planificación estratégica a las que se hace referencia en la primera parte del presente trabajo.

Por otro lado, la ausencia efectiva del Gobierno Local constituye una gran debilidad y también pone en cuestión la perdurabilidad del proceso analizado en el presente trabajo. Para que la experiencia se desarrolle en forma efectiva, no como una organización más sino respondiendo a las aspiraciones que le dieron origen, se necesita de un Gobierno Local que asuma, responsablemente y como parte de su agenda política, un acompañamiento efectivo en relación a tres aspectos: la asignación de recursos, la generación de canales efectivos de participación social que respete la autonomía en relación a lo público que se desarrolla por fuera de la esfera estatal y los cambios profundos en la estructura político administrativa del Municipio mediante la construcción de nuevos modelos de gestión .

La asignación de recursos por parte del Gobierno Local es un factor decisivo, ya que sin ellos es imposible pensar seriamente en la construcción de un modelo de desarrollo para cualquier sector de la Ciudad que garantice niveles de equidad e inclusión social, y que aporte soluciones a las múltiples demandas sociales. Precisamente hacia eso apuntan las propuestas que los vecinos fueron expresando en los talleres implementados en Guadalupe Estratégico, y deberían ser leídas como demandas sociales por los administradores.

La instrumentación de canales de participación respetando la autonomía, identidad y capacidad de autogobierno, implica superar las relaciones clientelistas, de carácter autoritario y paternalista que tradicionalmente han caracterizado la vinculación entre el Estado y algunas organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en el espacio público de Santa Fe.

El diseño de nuevos modelos de gestión necesita de una fuerte decisión política de generar espacios de articulación Estado–Sociedad Civil, y también de trabajar decididamente por superar prácticas burocráticas y políticas públicas asistencialistas y clientelistas.

En este sentido, la planificación estratégica – como el presupuesto participativo, la descentralización municipal, las consultas públicas o tantas otras variantes métodos de participación social en las cuestiones públicas – continúa siendo una herramienta tan válida o tan inútil como otras, dependiendo de si se le da o no sentido con contenidos sociales y decisiones políticas.

Si en el contexto local no se avizoran algunas señales en esa dirección, seguiremos vaciando de contenido a nuevos espacios públicos y estrategias de participación ciudadana, lo cual constituye un grave perjuicio al ejercicio de los derechos sociales y un atentado al fortalecimiento del sistema democrático.

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[1] En este trabajo se utilizan como sinónimos los términos “planificación” y “planeamiento”.

[2] Entre otras, presupuesto participativo, planificación estratégica, audiencias públicas.

[3] La planificación estratégica, desde la segunda mitad de la década de 1990, también fue adoptada por distintas organizaciones, públicas y privadas, así como por organismos del Estado para definir planes de acción en áreas específicas. Varias universidades nacionales – entre ellas, las de Rosario, La Rioja y del Litoral – cuando no diferentes facultades e institutos académicos, desarrollaron también sus propios planes estratégicos.

[4] También algunas fundaciones tomaron un rol activo en la promoción de la planificación estratégica. Por citar sólo dos ejemplos: en Entre Ríos, a principios de la década de 2000, la Fundación Avina financió la asistencia técnica para la formulación de planes estratégicos a un conjunto de localidades, las que debían pasar por un proceso de selección; por su parte, la Fundación Sofía ha promovido publicaciones y capacitación sobre planificación estratégica destinados a organizaciones de la sociedad civil.

[5] Entre las grandes ciudades argentinas – aquéllas que superan al millón de habitantes – sólo en Córdoba y en Rosario, en ésta ya hacia fines de la década, se desarrollaron procesos de planificación estratégica participativa. En ambos casos se trató de iniciativas de gobiernos locales – radical, en el caso cordobés, y la única experiencia socialista relevante de administración municipal, en el rosarino – los cuales, en cierto sentido, expresaron una alternativa “progresista” en el nivel municipal a la tendencia neo–conservadora dominante en el pensamiento político durante la década. En la ciudad de Buenos Aires, por su parte, hace poco más de dos años se ha iniciado la formulación de un plan estratégico; al mismo tiempo, al igual que en Rosario, se ha incursionado en una variante de la experiencia del presupuesto participativo desarrollada en Porto Alegre.

[6] En términos de intervención urbana, también se debería contar la influencia ejercida por la reforma de Puerto Madero, en Buenos Aires, como ejemplo de rehabilitación de sectores urbanos. Experiencia, por otro lado, de difícil reproducción en otras ciudades argentinas.

[7] Este Plan, que quedó trunco con la renuncia presidencial en Diciembre de 2001, fue parcialmente financiado con recursos del programa de Grandes Aglomerados Urbanos del Interior del PNUD, e implicó acciones de asistencia técnica a gobiernos locales en todo el país para la planificación estratégica participativa, la formación de micro–regiones, la capacitación de recursos humanos, la reforma administrativa, y el fomento a iniciativas de desarrollo local, entre otras iniciativas.

[8] Entre ellos, se puede destacar a la CEPAL–Comisión Económica Para América Latina de la ONU, la GTZ–Agencia de Cooperación Técnica Alemana, y la FLACSO–Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

[9] Una lista nacional, no exhaustiva, incluiría a localidades tan diversas como Bahía Blanca, Bragado, Campana, Cipolletti, Comodoro Rivadavia, Chilecito, Chivilcoy, Exaltación de la Cruz, General Roca, Junín, La Plata, Leones, Luján, Morón, San Miguel del Monte, San Nicolás, San Pedro y Villa Gesell. En nuestra región se puede enumerar, entre otras, a Gualeguaychú, Rafaela, Reconquista, Santa Fe, Sunchales, Villa Constitución, Nogoyá, Crespo, Esperanza y Paraná; estas cuatro, con participación directa de los equipos de la Universidad Nacional del Litoral.

[10] Para una crítica de la planificación estratégica y del método de consultoría en el caso de Río de Janeiro, ver MARICATO et al. (2000). Para una réplica a esta crítica ver PUNTO DE VISTA (2001). Ambas posturas tienen actualidad para el tratamiento de la planificación estratégica de ciudades en la Argentina.

[11] Considerando como referencia a las páginas de planes estratégicos de ciudades publicadas en Internet, dada la importancia que los municipios le asignaron a este medio en la difusión de los planes, se observa que la gran mayoría de las páginas contiene informaciones con actividades realizadas en 2001 o 2002. Algunas, sólo han publicado los fundamentos para desarrollar el plan; otras, los resultados iniciales de los procesos de diagnóstico de la ciudad, varios de los cuales datan de antes de 2000. Así, no es aventurado sospechar que estos planes se han abandonado, o están en un intervalo demasiado extenso. La importancia de Internet como medio de difusión de la planificación estratégica en esos municipios se puede constatar por la profusión y detalle de la información que ha sido publicada, así como por el cuidado en la presentación gráfica de la misma, la cual siempre apunta a hacer que los contenidos sean accesibles. Tampoco parece osado pensar, dada la importancia asignada a los planes estratégicos como hecho político, que, si se estuvieran realizando actividades, serían inmediatamente registradas.

[12] Este nuevo enfoque no ha estado exento de cierta funcionalidad a las políticas de atención a las “familias en situación de pobreza” que se impulsaron como salida a la crisis desde el gobierno nacional que asumió en enero de 2001, y que representaron una continuidad de las políticas sociales “focalizadas” que emplearon las administraciones neo–conservadoras como “contención social” durante la década de 1990.

[13] “Instrumento metodológico, que facilita la construcción de una imagen integrada de la comunidad y la concertación en la toma de decisiones” según reza el Documento Pre Diagnóstico (SANTA FE, 2001).

[14] Allí también se analiza la fortaleza que significa “el retorno social que desde la Gestión Pública tiene la gente a los aportes que realiza” pero, cuando se trata de describir los mecanismos de participación y organización social para la transferencia de las demandas y propuestas como un componente primario de la gestión del Municipio, se entra en una zona gris de indefinición, sin profundizar en una verdadera transformación del Estado y de sus instrumentos, y diluyéndose en el transcurrir de la redacción del documento.

[15] A manera de ejemplo: en el análisis de la situación social y económica y su interrelación con la situación frente a las cuencas de los ríos que bordean la Ciudad, solamente es tenida en cuenta como amenaza la costa Este, sobre el río Paraná, no así la costa Oeste, sobre el río Salado.

[16] Dada la profundidad de los cambios en el aparato administrativo y en la gestión local demandados por los planes estratégicos, se considera que el rol de las asesorías externas, además del aporte teórico, metodológico y de experiencia, es el de presentar visiones críticas exentas de las implicaciones políticas locales.

[17] “Se trata de que todo proyecto tenga encuadre global que, si bien no necesita estar dado por un plan pormenorizado, requiere al menos ideas rectoras, lineamientos o estrategias adecuadas”. FADU/UBA. Planificación participativa y hábitat popular: Cuadernos de Posgrado.

[18] Existe un amplio tratamiento de la problemática de los valores, sobre todo en el ámbito de la Filosofía, que excede a los objetivos del presente trabajo. Por lo cual utilizamos un concepto de valor sólo a los fines de operar en términos de la formulación del Plan.

[19] MARICATO et al., op. cit., registran estos conflictos en el caso del Plan Estratégico de Río de Janeiro.

[20] Siglas de “debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades”; categorías utilizadas en la matriz. Podría considerarse que la difusión de la matriz de ordenamiento DAFO constituye un fenómeno en sí misma, pues ha comenzado a aparecer vinculada a las temáticas más diversas – especialmente en las campañas políticas – y desvinculada no sólo de cualquier proceso de planeamiento, sino también de cualquier contexto metodológico. Por lo general, las utilizaciones erróneas se dan al querer reemplazar los procesos de análisis con dicha matriz, o al utilizarla sin determinar previamente los objetivos que se pretende alcanzar.

[21] Una de las ideas más curiosas, planteadas por un integrante, era establecer que podían formar parte de Guadalupe Estratégico sólo los vecinos del barrio, o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

[22] Para la evolución histórica de Guadalupe, puede consultarse CAVALLERO et al. 2002

[23] Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, datos del Censo 1991 correspondientes a las fracciones censales 6 y 7. Los datos de población referentes al Censo 2001 no están disponibles discriminados por fracción censal. Según este censo, Santa Fe tiene ahora 369.587 habitantes.

[24] A pesar de que se trata de una problemática que excede el presente trabajo, puede afirmarse que estos fenómenos poblacionales emergen como resultado de procesos actuales del conjunto de la sociedad que se expresan en la ciudad. Estos procesos han estado marcados por la profundización de un modelo socio–económico que excluye a grandes sectores de la población, tanto del acceso a condiciones de vida dignas, como de su realización ciudadana. En esto ha tenido un rol destacado el Estado, cuyas políticas públicas han tenido como objetivo, no lograr la igualdad de derechos, sino compensar las situaciones de extrema vulnerabilidad, producto de un sistema económico crecientemente excluyente. Como dice José Luis Coraggio, “las políticas sociales, compensadoras de los efectos del mercado libre, deben ser transformadas en políticas socioeconómicas, cuyo objetivo sea el desarrollo de la base de la sociedad” (CORAGGIO, 1999)

[25] Si bien el Intendente de Santa Fe y miembros de su Gabinete participaron en el acto de lanzamiento público de Guadalupe Estratégico, su apoyo al proceso no fue efectivo. De las gestiones realizadas por Guadalupe Estratégico – especialmente, por el problema puntual de anegamientos por el que surge la iniciativa – aún no se han recibido respuestas.

[26] CAVALLERO, et al (2002).

[27] PICHON–RIVIÉRE, 1977.

[28] Para Natalio Kisnerman (1976) estos grupos “son utilizados para compararse o referirse a otros, pueden ser normativos, cuando las normas han llegado a tal grado de internalización que pueden ser cumplidas fuera de él (control social) y comparativos, cuando se comparan dos o más grupos para imitarlos o no repetir sus errores” .

[29] Según datos del Censo de 1991, el territorio de la Vecinal Guadalupe Este tenía 4.952 habitantes, Central Guadalupe, 4.810, y Coronel Dorrego, 3.323.

[30] Este término se encuentra en los análisis de los procesos grupales trabajados por Pichon Riviére, quien lo define como la capacidad en término de aprendizajes- para enfrentar el cambio y que el grupo va generando en relación a asumir conflictos, reajustando la red de comunicaciones, a través de un pensamiento dialógico .

[31] La organización de un centro de asistencia para autoevacuados durante la emergencia hídrica del pasado mes de abril, espacio en el que el grupo promotor tuvo una participación protagónica, impulsando una experiencia de trabajo en red que permitió articular a un conjunto de organizaciones barriales, diversas en relación a las temáticas en las que cada una de ellas interviene, como así también con perspectivas ideológicas heterogéneas (caritas parroquial, cooperativa Setúbal, manzaneras solidarias, asamblea Guadalupe, vecinalistas, voluntarios comunitarios, ama de casas, técnicos informáticos, docentes, etc.)

[32] El 27 de diciembre de 2002, se realizó una movilización convocada por un conjunto representativo de organizaciones barriales en reclamo de la seguridad para el barrio, la que constituyó un hecho de gran trascendencia pública

[33] “...en el proceso de maduración de un grupo, los miembros no ignoran los problemas, intentan analizar lo que pasa, se trata de salvar las deficiencias y resolver las dificultades...” Pallarés, citado por FUENTES et al. (2000)

[34] En el primer taller, los asistentes llegaban a treinta; casi cien personas participaron del segundo taller; más de cincuenta personas participaron del tercero. Un grupo de aproximadamente veinte personas participó de todos los talleres. Algunos de ellos, a posteriori, se incorporaron al grupo promotor de Guadalupe Estratégico.

[35] En la mayoría de las experiencias de planificación estratégica en las que los autores han tomado parte, la participación de los pobres ha sido una de las materias pendientes. A pesar de que se trata de una preocupación constante, tanto política como teórica, que debe ser analizada más en profundidad, algunos factores atribuibles a esa ausencia de los pobres pueden identificarse en la insuficiencia de los medios de difusión utilizados, la distancia entre las necesidades inmediatas y los términos de la convocatoria (“planificación”), la metodología de trabajo (transparente sólo para quienes pueden expresarse por escrito), o la existencia de otras tradiciones asociativas y de participación que entran en conflicto con el procedimiento de la planificación estratégica, entre otras. Se trata, sin dudas, de una cuestión que demanda una reflexión específica, y que excede al marco de este trabajo, aunque no le sea ajena.

[36] Los “candidatos” más votados fueron, en primer lugar, una “Joven universitaria con muy buena formación técnica, de un partido chico, sin experiencia en la gestión pública”; en segundo lugar, un “Dirigente Vecinalista de barrio muy pobre, sin relaciones partidarias, que nunca salió de la ciudad”.

[37] Se propuso describir la estructura socioeconómica del Barrio de acuerdo a la clasificación propuesta por Daniel Arroyo (2000) que incluye la consideración de pobres estructurales, nuevos pobres, sectores medios en transición y sectores altos.

[38] Nancy Frazer, citada por DI TELLA, 2001.

[39] BUSTELO; MINUJIN (1998).

[40] El término usado en los textos es “empoderamiento”, traducción literal (y no muy afortunada) del inglés empowerment; se prefiere aquí usar el término “construcción de poder desde la sociedad civil”.