jueves, marzo 30, 2006

LA REFORMA DEL ESTADO

Reforma del Estado: desafíos y oportunidades

En el fondo, al hablar de descentralización, estamos hablando de uno de los componentes centrales de la reforma del Estado que, en mayor o menor medida y a través de muy diversas modalidades, todos nuestros países están llevando adelante. Esto es así, en particular, en lo que hace a las tendencias sustantivas expuestas con anterioridad, en la medida en que la reformulación de roles del Estado central (concentrándolo en funciones de rectoría, control y evaluación de políticas públicas, mientras se va trasladando la responsabilidad de su implementación efectiva a instancias públicas subnacionales y a entidades privadas, con y sin fines de lucro), así como la concentración efectiva de recursos en el financiamiento de la demanda y no de la oferta de servicios, como se ha hecho históricamente, son dos de los ejes centrales de estos procesos reformistas (ver al respecto, Brezzer Pereyra 1997 y Muñoz 1996).
En realidad, de lo que se trata es de desarrollar mercados en aquellas áreas donde existieron históricamente rígidos monopolios estatales, a los efectos de fomentar la competencia entre actores y agentes interactuantes en dichas esferas, con la intención de mejorar la calidad de los servicios que se prestan en cada caso. Al mismo tiempo, se está procurando fortalecer el aparato estatal en aquellas esferas en las que su rol es insustituible, a los efectos de asegurar equidad en la distribución de recursos y servicios públicos, a través de un conjunto articulado de planes y estrategias específicas: capacitación de personal técnico, consolidación de instrumentos ágiles y efectivos de información, reorganización de los procesos de toma de decisiones, delegación de responsabilidades en los niveles inmediatamente inferiores con contrapartidas de evaluación por desempeño, etc. (La Revista Reforma y Democracia del clad, tiene excelentes artículos analíticos sobre estos temas).
Así, se va construyendo un nuevo «paradigma» de gestión pública, cuyos rasgos emergentes parecen ser los siguientes: «(i) adopción del principio de ciudadano cliente o usuario, con derechos mejor especificados y más efectivamente respetados; (ii) definición de un nuevo perfil de administrador, ejecutivo o gerente público, guiado por la búsqueda de resultados y evaluado en consecuencia, sujeto a la rendición de cuentas y a la competencia no sólo al momento de la contratación; (iii) establecimiento de contratos de gestión, que permiten explicitar los objetivos, misión y metas de las entidades ejecutoras y, a la vez, sirven de base para la evaluación de éstas; (iv) separación de las actividades de financiamiento y prestación de servicios, como también de formulación y diseño de políticas públicas, incluidas las de regulación (centralizadas), respecto de las actividades de ejecución o administración (descentralizadas); (v) formación de cuasimercados o mercados internos, cobro de tasas de uso, contratación de obras de interés colectivo, privatización de organismos, empresas y servicios en general; (vi) reingeniería de procesos, con miras a simplificar los procedimientos y reducir la burocracia, minimizando los costos que entraña el cumplimiento de las obligaciones del ciudadano (por ejemplo, en materias tributarias) y los tiempos requeridos para completar sus trámites y recibir atención; y (vii) devolución de responsabilidades, derechos y obligaciones, desde el vértice de la pirámide de poder hacia los niveles intermedios e inferiores, aplicado tanto al campo laboral (donde las estructuras tienden a ser menos jerárquicas y más horizontales) como al fiscal (caracterizado por procesos de descentralización de recursos y competencias desde el centro a los gobiernos subnacionales)» (cepal 1988b. Ver asimismo, Marcel 1997 y Brezer Pereyra 1998).
En cualquier caso, una cosa son los «paradigmas» teóricamente caracterizados, y otra muy distinta la realidad cotidiana en la que se intenta procesar estos cambios, pero lo destacable es que los sucesivos intentos de cambio van dotando a nuestros países de una productiva experiencia, sobre la que se puede seguir trabajando en adelante. En este sentido, un aprendizaje destacable, es el vinculado con la creciente visualización de la evidente relevancia que tienen los procesos organizacionales, en especial en la esfera de los servicios sociales, en la que se están desplegando diversas y muy ricas experiencias, por ejemplo, en salud y educación (ver, por ejemplo, Savedoff 1998 y bid 1996).
Lo mismo podría decirse sobre el creciente desarrollo de iniciativas centradas en la lógica de proyectos particulares, apoyados cada vez más en «comportamientos estratégicos» y menos en supuestas «certezas omnipotentes» como en los enfoques tradicionales del pasado, tratando de superar los viejos modelos «burocráticos» basados en respuestas estandarizadas para beneficiarios homogéneos y de desplegar modelos «adhocráticos» basados en respuestas particulares para beneficiarios heterogéneos (ver al respecto, Martínez Nogueira 1998, cepal 1998c y Klisberg 1997).